Oscar Londero
(Especial para ANALISIS)
El Estado entrerriano, según se desprende de un informe oficial al que tuvo acceso ANALISIS, destinó casi 600.000 pesos para financiar una actividad académica que también tuvo entre sus organizadores a una universidad privada, a una entidad intermedia y a un colegio profesional (ver aparte). El aporte estatal se canalizó a través de los poderes Ejecutivo y Legislativo, que creyeron indispensable participar de la organización de las XXXV Jornadas Nacionales y V Congreso Internacional de Derecho Administrativo.
Celebrados en Paraná entre el 16 y 18 de septiembre del año pasado, no sólo reunieron a prestigiosos especialistas nacionales y extranjeros. También motivaron que no hubiera actividad en Tribunales, donde por esos días solamente funcionaron la Mesa de Información Permanente y la línea de llamadas gratuitas 0-800-444-6372.
Es que el Superior Tribunal de Justicia (STJ), en su acordada 26, fechada el 25 de agosto de 2009, dispuso declarar ambas actividades como “de interés judicial” y fijar como inhábiles “los días 16, 17 y 18 de septiembre para facilitar la participación de los magistrados, funcionarios y abogados”.
Si bien el alto cuerpo participó de la organización de las actividades académicas y designó a un representante en el comité, no aportó fondos para su concreción. Al menos según lo que se desprende de la respuesta que la Fiscalía de Estado brindó ante un pedido de acceso a información pública hecho por este semanario.
Es que en el organismo a cargo de Julio Rodríguez Signes recayó la responsabilidad de administrar los recursos que el Estado destinó para financiar las reuniones de los especialistas en Derecho Administrativo. Para eso contó inicialmente con una transferencia de 300.000 pesos desde el Poder Ejecutivo, a lo que sumó el aporte de 200.000 pesos efectuado en partes iguales por la Cámara de Diputados y por la de Senadores.
A través del decreto 3.490/09 GOB, del 8 de septiembre del año pasado, el gobernador Sergio Urribarri delegó en Rodríguez Signes el manejo de esos 500.000 pesos que finalmente resultaron insuficientes, como se verá más adelante. Fue la manera de demostrar que no en vano el debate académico propuesto en Paraná había sido declarado de “interés provincial”.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
