Antonio Tardelli

Las circunstancias colocan a la UCR ante una perspectiva de poder. Su lugar expectante obedece a una serie de razones que por cierto incluyen sus aciertos, aunque las torpezas del oficialismo y su desgaste, parecen haber hecho la mayor parte. Tanto en el orden nacional como en el provincial el panorama es prometedor para los radicales, que deberían preocuparse por administrar sabiamente su potencial. En ese sentido, no es menor la discusión en torno de las reincorporaciones de los dirigentes oportunamente eyectados.

Desde el surgimiento del peronismo, las victorias electorales del radicalismo se explican, al menos parcialmente, por las falencias de su principal adversario y el margen de acción que ellas habilitan. En la actualidad, con el justicialismo intentando convertirse nuevamente en su propia oposición, plantándose como alternativa de sí mismo, la UCR –dueña de un electorado más volátil, sin tanto voto cautivo– precisaría de todas sus fuerzas para asegurarse un triunfo. No está en condiciones de despilfarrar nada. En ese sentido, en el plano del mero cálculo, un borrón y cuenta nueva aparece como una opción inteligente. No cabe duda de que, generando expectativas que alientan retornos, un radicalismo atento a su conveniencia tendría que abrir sus puertas de par en par. Debería convocar a todos sus hijos pródigos. Un partido pragmático –si ésa es su opción– no repararía tanto en el pasado, en las defecciones, en lo que tiempo atrás era considerado como una desviación.

Pero nada es tan sencillo: es evidente el malestar que el posible retorno de los expulsados provoca entre los radicales que permanecieron en la estructura partidaria durante la era de las vacas flacas. Son los que se preguntan: ¿les permitiremos volver ahora que tenemos chances de ser gobierno? Es cierto que en esta clase de circunstancias afloran los oportunismos. Pero también es verdad que entre quienes se molestan hay, si no figuras protagónicas de los últimos fracasos radicales, los de los gobiernos votados en 1999, al menos un cúmulo de dirigentes que avalaron los procesos políticos expulsores. La clave del conflicto no está en el retorno: radica en la expulsión. El problema del regreso es un problema radical y el problema radical es producto también de la actuación de algunos de quienes se quedaron, tal vez no tanto por haberse quedado sino por su acompañamiento de gestiones que directa o indirectamente expulsaron. Para la UCR internarse en un reparto de responsabilidades sería el modo más justo de resolver la cuestión. Sería también, en términos prácticos, el menos conducente. Discutir en serio sería reabrir heridas. Lo más probable es que, en tren de sumar, el radicalismo sofoque su debate.

El asunto es complejo. Vale para la UCR y para otras estructuras partidarias que experimentan escisiones o fracturas. Hay dirigentes que se alejan de los dispositivos partidarios en virtud de su flagrante incapacidad para construir sus propias alternativas, pero también es verdad que, al convertirse en oficialistas, los partidos tienden a mutar en estructuras sólo eficaces en la práctica de la obsecuencia. Son, literalmente, una comisión de aplausos que nada discute. En ese marco, aún cuando haya situaciones disímiles, algunos de aquellos alejamientos guardan directa relación con el proceso político que se vivió durante la segunda gestión de Sergio Montiel: muchas disidencias con el entonces gobierno aliancista acabaron en expulsión. Pero es evidente que el carácter controversial del montielismo merecía del radicalismo una mirada más crítica.

¿Fueron más radicales, más genuinamente radicales, los que avalaron ciegamente el gobierno de Montiel o los que manifestaron sus disidencias? ¿Las críticas fueron correctamente canalizadas o terminaron siendo funcionales a proyectos reaccionarios? Son algunas de las preguntas posibles en esta fase de análisis. Lo que ocurre es que en este tiempo de cálculo no es seguro que la discusión que el Congreso Provincial de la UCR dejó pendiente el sábado vaya a transitar por esos espinosos senderos. Desde una posición de relativo poder, los que se quedaron creen tener derecho a exigir que los reincorporados vayan bien atrás, a hacer la cola.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)