Federico Malvasio
El polémico Concurso 25 que dinamitó el funcionamiento del Consejo de la Magistratura para bronca de muchos y satisfacción de otros llegó a su fin. Mario Alberto Quinteros está jubilado a partir del 1º de mayo. ¿Con su ida, la Justicia pierde a un jurista y estudioso? La respuesta la tendrán quienes lo conocen. No se le adjudicaron fallos polémicos, pero tampoco se le conocieron exámenes buenos como para revalidar el cargo que ocupó durante años.
El 25 fue convocado en abril de 2006 para concursar tres vocalías para la Cámara Segunda Civil y Comercial en las Salas I y II; y dos vocalías para la Cámara Tercera en la Sala II, también con competencia en lo Civil y Comercial.
Un año llevó el proceso evaluatorio (esto es, las tres etapas de Antecedentes, Oposición y Entrevista Personal). En la tabla de posiciones habían quedado en primer lugar Teresita Mastaglia, seguida por Ana María Stagnaro y Graciela Basaldúa. Pero atento al número de vacantes adicionales existentes, debía elevarse conjuntamente una lista complementaria integrada en este caso por los doctores Oscar Daniel Benedetto, María Valentina Gabriela Ramírez Amable, Carlos Federico Tepsich y Virgilio Alejandro Galanti, quienes resultaron en el orden de mérito cuarto, quinto, sexto y séptimo, respectivamente.
El concurso fue observado en la etapa de prueba de Oposición por 15 de los 19 participantes. Esto motivó que el organismo asesor convocara al doctor Atilio Alterini para analizar los exámenes dados por quienes promovieron la impugnación. Con esa evaluación en la mano, el Consejo resolvió mejorar las notas en algunos casos, lo que derivó en la aceptación de la queja, y mantener las notas en otros y, a su vez, rechazar el planteo.
Quinteros, pese a que se le sumó el puntaje, quedó en el puesto 14, lejos del pelotón de los mejores calificados. Incluso, los puntos no le alcanzaron ni siquiera para ingresar a la Entrevista Personal.
La historia todavía no había empezado. El ahora ex camarista se presentó en la Justicia. Con el patrocinio de la doctora Noemí Berros acusó al Consejo de la Magistratura de actuar “con exceso de poder, en violación a los principios de legalidad y debido proceso, con afectación del postulado básico de igualdad entre los concursantes y demostrando clara arbitrariedad”. Con eso pidió que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) solicitara al Senado suspender todo procedimiento tendiente a la eventual designación de magistrados para cubrir las vocalías. El alto cuerpo hizo lugar. El presidente, Daniel Carubia, votó haciendo lugar a la medida cautelar, en coincidencia con los vocales Carlos Chiara Díaz, Germán Carlomagno, Susana Medina de Rizzo, Silvia Nazar y Leonor Pañeda. En disidencia lo hicieron Bernardo Salduna y Emilio Castrillón, mientras que se abstuvo el juez Héctor Vilarrodona, que integró el cuerpo para resolver el caso ante la excusación de Héctor Ardoy.
Entre otros fundamentos de los magistrados de la mayoría se consideró que la evaluación de los postulantes no aparecía como suficientemente motivada “toda vez que hace suya la evaluación conceptual aconsejada por el consultor externo (Alterini) designado mediante un procedimiento creado por el Consejo”. También se cuestionó la creación “ex post y ad hoc de un procedimiento especial para resolver las impugnaciones”.
En cambio, en disidencia, se sostuvo la potestad exclusiva del gobernador de designar a los jueces, según criterios no estipulados por la Constitución. De este modo, se entendió que una opinión del STJ sería una intromisión en una facultad del Ejecutivo, aun cuando ésta haya sido delegada en el Consejo de la Magistratura.
El caso Quinteros se encapsuló en la instancia contencioso-administrativa, donde decide el pleno del STJ. Allí se habían excusado el fiscal adjunto, Jorge Beades, y el procurador general, Jorge García.
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