Daiana Pérez Gomiero
Alberto Kipen tiene 71 años y aún hoy sus ideas continúan claras y críticas. Su lucidez parece incrementarse con el tiempo. Cuando terminó sus estudios no se hablaba de soja, ni de transgénicos, ni de glifosato. Sin embargo, su experiencia a lo largo de los años ha hecho que sus palabras no sólo sean palabras expertas, sino imprescindibles a la hora de comprender el actual sistema de producción impuesto en la Argentina.
“Cuando me recibí, en el año 1966, nos fuimos mi mujer y yo a vivir a la provincia de Buenos Aires porque conseguí trabajo en el INTA de Pergamino. Así fuimos testigos de muchos cambios operados en el sistema productivo argentino. Cuando nos recibimos en la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, lo hicimos sin conocer la soja”, comenta este ingeniero agrónomo.
No obstante la soja llegó y fue en 1996 cuando Felipe Solá, el entonces secretario de Agricultura, firmó la autorización para que ingresara al mercado la semilla de soja transgénica, resistente al Rund up. Y pese a que había dos ingenieros agrónomos que objetaron la aprobación -Julio Eliseix y Juan Carlos Batista- , el mismo día que Solá firmó, la entonces presidenta del Instituto Nacional de Semillas, Adelaida Harries, informó que la soja resistente al glifosato cumplía con los requisitos de inscripción en el Registro Nacional.
Distintos acontecimientos han despertado críticas, pero sobre todo dudas en cuanto a la producción de soja transgénica y el uso de agroquímicos. La Cámara de Diputados de la provincia de La Pampa aprobó por unanimidad una resolución donde se solicita al Poder Ejecutivo que realice las evaluaciones correspondientes de los distintos estudios nacionales e internacionales sobre la toxicidad en el manejo de aplicación del herbicida a base de glifosato y productos afines.
Un fallo judicial en la ciudad de San Lorenzo frenó el uso del glifosato y sentó un precedente imprescindible en materia ambiental. Pues la cámara invirtió la carga de la prueba. En lugar de que las personas tengan que demostrar sus padecimientos o afecciones a la salud, otorgó seis meses para que el gobierno de Santa Fe presente un estudio con la Universidad Nacional del Litoral determinando el grado de toxicidad de los agroquímicos.
Después de esto y de un debate que necesariamente debe continuar abierto, Alberto Kipen nos acerca a una gran reflexión que pone énfasis en los problemas del sistema de producción agrícola y sus consecuencias ambientales, económicas y sociales.
(Más información en la edición gráfica de ANÁLISIS de esta semana)
