Federico Malvasio
“Cuatro perejiles”. Con esa calificación Rubén Pagliotto se refirió a los únicos imputados que tuvo la causa en la que desaparecieron de un galpón de Paraná pallets de herbicidas Round Up por un valor de 10 millones de pesos.
La estafa, calificada así por la Justicia entrerriana, terminó prescribiendo pese a la insistencia de unos productores de Santa Fe que adquirieron parte del material robado producido por Monsanto y que luego les fue incautado, produciéndole un alto costo económico y moral en el desarrollo de la actividad. La multinacional es la primera sospechosa. En el expediente de ocho cuerpos la firma incurre en contradicciones inapelables. Así y todo, en los Tribunales la firma fue favorecida en no pocas oportunidades.
Un secuestro
La historia comenzó con un secuestro que pasó del estadio policial a una sospecha sobre si en verdad se trató de un ambicioso atraco o un auto robo. Enrique Raúl Fernández era el sereno de un galpón de la firma SET Logística y Transporte S.R.L, ubicada en calle Juan B. Justo y División Los Andes donde se depositaban – el 10 de abril de 2002 - productos agroquímicos marca Round Up full. En aquella oportunidad se almacenaban 360 pallets con 48 bidones de 20 litros de producto cada uno. Toda esa mercadería tiene hoy un valor superior a los 10 millones de pesos.
El joven de por entonces 26 años – como se detalló en la nota de tapa de la semana pasada ANÁLISIS – fue secuestrado esa noche de abril por un grupo de personas que luego de pasearlo en un baúl de un automóvil lo dejaron en San Gustavo, Departamento La Paz. El muchacho hizo la denuncia allí sin dar demasiados detalles, pero sí alertando que al momento de ser raptado el portón del depósito que tenía a cargo había quedado abierto. A pocas horas, ya en Paraná, se encontró con que le faltaban del galpón 261 pallets.
Fernández declaró, no en La Paz sino ya en esta ciudad, que días antes había sido increpado por un hombre que le pedía información sobre lo que había en el sitio que cuidaba. Ante la negativa lo amenazó. Al día siguiente recibió un llamado con característica local en la que le aconsejaron que “mantenga la boca cerrada, que luego lo recompensarían y que parte de agroquímicos se encontrarían distribuidas en un galpón de una firma comercial Ghibaudo y en otros dos o tres más, todos ellos en la localidad de Rosario”. Lo cierto es que en declaraciones posteriores ante la Policía, Fernández precisa detalles del secuestro que no se condicen con lo dicho en La Paz. Las horas en el baúl habrían sido más y ante de llegar a San Gustavo habría sido paseado por Rosario.
Hasta acá todo era un robo. Pero la investigación cambiaría de rumbo cuando Fernández en una nueva declaración (lo hace de forma espontánea) dice que en realidad el 8 de abril, dos días antes del secuestro, fue interceptado en la puerta del galpón por cuatro personas que conducían un vehículo de la empresa Servicios y Remises. Uno de ellos, a quien reconoció como Héctor Prieto, lo apuntó con un revolver y lo metió adentro del depósito. Fernández terminó en una habitación custodiado por uno de los hombres, mientras afuera llegaban dos autos más con otra gente. Pudo reconocer también a un tal Sixto Maciel y Abel Villagra. Durante toda esa madrugada pudo ver dos camiones y un tractor en el que sacaban los bidones. Al otro día lo llevan a Rosario, según contó, para luego largarlo en La Paz. El secuestro ya no es el 10, sino el 9 luego de varias horas de detención. Esta última testimonial entierra las precedentes. Acá se empieza a tejer la estafa.
Los cuatro no perejiles
La mercadería robada, proveniente de Monsanto S.A de Zárate-Campana (Buenos Aires), pertenecería a las firmas Ciagro Santa Fe S.R.L, Nuevo Agro S.A de Paraná; a Walter y Federico Albrecht; José Re y Néstor Clocker; y José María Raude, entre otros, según consta en el expediente.
El sistema de abastecimiento, transporte y depósito funciona así: existe un contrato entre SET Logística y Monsanto para que la primera firma almacene en una determinada zona los insumos que fabrica la segunda y que antes vendió a otras empresas o productores. Éstos últimos, cuando necesitan los insumos que ya adquirieron, se ponen en contacto con los fabricantes que ordenarán a sus almacenadotes para que lo entreguen.
Los bidones de Round Up sustraídos en Paraná fueron nuevamente volcados al mercado. Algunos terminaron siendo vendidos a la firma santafecina Mengoni Hermanos S.R.L y Dersa (Diversas Explotaciones Rurales Sociedad Anónima). La Justicia pudo determinar el destino de los agroquímicos a esa empresa y procedió a incautarlos. Las víctimas - que habían comprado de buena fe y lo pudieron comprobar con la presentación de remitos y facturas – reclamaron la reposición del glisofato, ya que se encontraban en plena campaña de siembra. Esto fue denegado y los productores tuvieron que adquirir nuevamente el producto, teniendo así un gasto doble para que no se les caiga el proceso productivo. Los años pasaban y la causa no tenía asidero. Los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Vartorelli se presentaron en 2005 en varias oportunidades para reclamar la reposición de los bidones que sus clientes habían comprado con todas las de la ley al ingeniero agrónomo Edgardo Guilligan, vendedor habitual del sector y cercano a Monsanto.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
