Daniel Tirso Fiorotto
(Especial para ANÁLISIS)

Organizaciones de trabajadores, expertos de la economía y dirigentes de la oposición coincidieron en la necesidad de revisar con urgencia y modificar el sistema de recaudación y distribución de ingresos en el país.

Unos cuestionaron el modo de gestión del gobernador Sergio Urribarri, otros acusaron al intendente de Paraná José Carlos Halle, principalmente por egresos que no mejoran los salarios, y que desaprovechan las ventajas del momento.

Pero casi todos los sectores distanciados del kirchnerismo confluyeron en señalar la necesidad de afianzar un sistema de distribución automática de los fondos, y restar espacio a las decisiones arbitrarias.

Algunos expertos señalan que el origen de los problemas está en los modos de recaudación, con atribuciones provinciales cedidas graciosamente al poder central (lo que equivale a renunciar al sistema federal), y a lo cual se añade otro problema: la distribución de grandes masas de modo arbitrario, no automático. Otros, en cambio, ponen el acento en esto último y aseguran que si la gestión K cumpliera con la Constitución y la Ley de Coparticipación, una provincia como Entre Ríos no tendría déficit, pagaría sus deudas legítimas sin necesidad de refinanciamientos, mejoraría los salarios y realizaría obras públicas prioritarias, no las elegidas desde afuera.
Claro que eso obligaría al gobierno nacional a cambiar sus leyes impositivas (para imponer a sectores poderosos como las mineras, las petroleras, los bancos), renunciar al manejo arbitrario de fondos (las preferencias hacia Santa Cruz son inocultables), y revisar el pago de deudas externas sospechada y denunciadas por fraudulentas.

Gremialistas consultados por ANÁLISIS, que siguen las cuentas provinciales, afirmaron en esa línea que, aún con una gestión provincial que no los convence, si la Casa Rosada cumpliera con la Constitución y la ley de Coparticipación, Entre Ríos podría cumplir con varias metas a la vez, incluida una recomposición de salarios que permitiera aventar conflictos y mejorar los servicios básicos.

Algunos legisladores radicales sostuvieron que el llamado “desendeudamiento” no es más que una derivación de problemas hacia las próximas cinco gestiones de gobierno provincial. Sus pares del peronismo disidente, enrolados en el duhaldismo, pidieron a su vez la formación de un fondo anticíclico que garantice una caja para la próxima gestión. Y es que se muestran preocupados por el déficit del año pasado, que habría superado los 400 millones de pesos, y porque en este 2010 descendió –dijeron- de un modo poco edificante: frenando obras públicas.

A las responsabilidades compartidas de los gobiernos de Jorge Busti, Sergio Montiel, Mario Moine y el actual Sergio Urribarri en la consolidación de un sistema centralista que restó fondos a la provincia y la confinó a una economía primaria, extractiva, dependiente, sojera; y lo hizo a través de pactos fiscales, emergencias y naturalizando sistemas impuestos mediante el fraude (como la coparticipación), los analistas añaden que las reiteradas crisis y ajustes que padecen los entrerrianos, los bajos salarios, la dependencia, exigen revisar estructuras profundas. Entonces subrayan: el sistema impositivo, la coparticipación, las riquezas naturales (el petróleo), la deuda externa, la banca, la concentración en diversos rubros incluidas las exportaciones. Algunos números señalados abajo son demostrativos de una estructura que explica la profundidad y complejidad del problema.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)