Daniel Enz
La reformada Constitución de Entre Ríos, en uno de sus artículos, “promueve la unidad económica productiva mediante leyes que contemplen el arraigo del productor entrerriano, el crecimiento y desarrollo progresivo de las actividades productivas locales y el estímulo de la tenencia de la tierra por sus residentes. La legislación desalentará la especulación y la existencia de latifundios y el uso de la tierra en grandes superficies continuas o discontinuas, mediante regímenes tributarios, alícuotas progresivas u otras políticas activas. Resguardará el orden público en relación con la adquisición de inmuebles rurales por personas físicas o jurídicas extranjeras no residentes en el territorio nacional”.
El mencionado párrafo está contenido en el artículo 86 de la flamante Carta Magna, sancionada en el 2008, pero lo que allí se pregona sigue sin estar reglamentado. O sea, la decisión política para llevarlo adelante no se ha concretado, pese a que recientemente se cumplieron dos años de la sanción. Así es como las inversiones extranjeras en Entre Ríos continúan su curso y sin ningún límite. De hecho, en las páginas de internet existen no menos de 100 sitios donde se ofrecen tierras “para inversiones extranjeras” en lugares de la provincia ubicados en Villaguay, Federal, Feliciano, La Paz, Gualeguay o Concordia, en cifras importantes: el precio de la hectárea oscila entre 3.000 y 6.500 dólares, según la zona.
Los holandeses de Farming Salentine -que se instalaran primero en Cerrito, se desarrollaran luego en La Paz y finalmente en Gualeguay, al igual que en Corrientes y Mendoza- ya no tienen sus casi 20 mil hectáreas a nombre de tal firma. Ahora están bajo la figura social de Beleggingsmaatschappia Moeflon, que nadie se anima a pronunciar. En realidad, en Mendoza ya figuraban así desde 2001, pero en Entre Ríos -la provincia que los cobijó desde 1994, en pleno gobierno de Mario Moine- es reciente tal denominación.
Pero el espectro es más amplio, en ese mapa de más de un millón de hectáreas de Entre Ríos, que se encuentran en manos extranjeras actualmente. Junto con su principal operador de negocios, el capitalino Eduardo José Choren, el inversor norteamericano Douglas Tompkins aparece en dos de las once sociedades que figuran en los organismos de control del país. Estancia Laguna Blanca SA y Alto Feliciano SA son las firmas con las cuales opera en esta provincia.
Las primeras 3.000 hectáreas que adquirió se las compró a Ricardo Winitzky, en julio del año pasado, accionista mayoritario de la firma Laguna Blanca SA. Winitzky está prófugo de la justicia peruana desde el 2001, acusado de los delitos de peculado, asociación ilícita, falsedad genérica, defraudación de rentas de aduanas y recepción de fondos, en su rol de ex hombre de confianza de Vladimiro Montesinos, el ex jefe de la Secretaría de Inteligencia Nacional (SIN) y allegado directo al ex presidente Alberto Fujimori. Winitzky quedó fuera de la sociedad Estancia Laguna Blanca en julio de 2008, en que los socios de Tompkins tomaron el poder absoluto a través de Eduardo Choren. No obstante, el hombre de negocios oscuros en Perú y su familia disponen aún cerca de 3000 hectáreas en la zona y el casco de la estancia. O sea que se ven seguido con los operadores de las firmas extranjeras. Parte de esas tierras, que aún poseen fueron arrendadas, una parte a Cargill y otro a la cooperativa de La Paz.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
