Antonio Tardelli
¿Atentado a la libertad de prensa? ¿Ataque a la libertad de expresión? El bloqueo a la planta de Clarín, en todo caso, constituyó un obstáculo objetivo para el ejercicio de un derecho. No sólo el derecho de desarrollar una actividad lucrativa lícita (el gobierno todavía no ha suprimido la propiedad privada) sino el de publicar noticias. El Ejecutivo, desoyendo una orden judicial, convalidó el atropello. Se atacó, entre otras cosas, el derecho a estar informado, siempre pregonado por los defensores de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. ¿Tanto hemos retrocedido que es menester subrayar que los ciudadanos tienen derecho a informarse o a desinformarse leyendo Clarín? Los paternalismos son reaccionarios pero los paternalismos progres son patéticos.
Una actitud prepotente se impuso al ejercicio de una libertad. Primó la fuerza, alguna vez considerada como el derecho de las bestias. ¿Que Clarín obstaculiza la organización sindical? ¿Que la empresa vulnera derechos? ¡Caramba! ¡Qué novedad! Podría el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, suspender temporariamente su papel de comentarista y atender sus obligaciones de funcionario. Recordar que es el titular de la cartera laboral. Y autoexaminar su eficacia. Si el conflicto en cuestión data de hace seis o siete años, no ha sido tiempo lo que le faltó a la autoridad administrativa para imponer una solución conforme criterios legales y justos. Y al cabo de tanto tiempo, finalmente, el Poder Ejecutivo no impidió que se impidiera la circulación de un diario. Predominó la prepotencia. No es que el gobierno haya sido cómplice de la operación. La operación que impidió la distribución de Clarín es, políticamente, obra del gobierno. La operación “es” el gobierno.
¿Que al kirchnerismo no le conviene? ¿Que el episodio daña la imagen del gobierno? ¿Que Clarín se victimiza? Todo cierto. Tan evidente es que hasta los comentaristas afines a la Presidenta lo registran. Eso no quita, sin embargo, que la responsabilidad política alcance a la primera magistratura del país. Desde allí se ha fogoneado, con irresponsabilidad e infantilismo, una polémica cuyo origen, se puede presumir, combina razones públicas y secretos privados.
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