Antonio Tardelli
Sergio Montiel ascendió ayudado por los enviones del alfonsinismo (1983) y la Alianza (1999). El propio Busti se montó a las olas electorales del justicialismo recuperado (1987), el menemismo reelecto (1995) y el kirchnerismo naciente (2003). Mario Moine se vio favorecido por las victorias del peronismo neoliberal (1991). Sergio Urribarri usufructuó el renovado apogeo pingüino (2007). Para ganar elecciones en Entre Ríos hay que tener viento de cola nacional, ya por lo que ayude una sociedad conveniente o por los salvavidas de plomo que compliquen al adversario. A veces las victorias se explican por una combinación de ambos elementos. Como sea, Entre Ríos, geográficamente isla, no lo ha sido en términos políticos.
Habrá quien salude la imposibilidad de desentenderse del escenario nacional. Habrá quien proteste por ello. Hay más de un punto de vista razonable. Lo que no se puede es negar el fenómeno: el panorama nacional es altamente gravitante. Varios ejemplos lo corroboran. El radicalismo entrerriano ha sabido atemperar los efectos de algunas de sus crisis nacionales pero eso no fue suficiente para que se impusiera en contextos desfavorables, por ejemplo en 1995, cuando Montiel cayó ante Busti por estrecho margen pese a que el postulante presidencial del radicalismo, Horacio Massaccesi, protagonizó una pobre elección. Antes, en ocasión de la reforma constitucional de 1994, el radicalismo de Entre Ríos, antipactista, o sea apartado de la dirección nacional, no pudo torcer un escenario general desventajoso. Las limitaciones de las construcciones locales se hicieron patentes con la experiencia de la Concertación Entrerriana, un conglomerado de dirigentes en el que convivieron –hoy parece un delirio, pero así fue– kirchneristas y seguidores de Elisa Carrió. Los paraguas territoriales, los que apartan la cuestión nacional, son extremadamente dificultosos. Carecer de un proyecto nacional único se termina pagando caro: se fracasa al momento de las urnas o el proyecto se desintegra irremediablemente. A veces suceden las dos cosas, como pudo comprobarlo el espacio en su momento motorizado por Emilio Martínez Garbino. Sin estructura contenedora, todo se complica.
Pocas cosas entusiasman menos que la inédita experiencia de internas sucesivas del Peronismo Federal. En esa falta de fervor puede explicarse el indisimulado paso al costado de Busti. “¡Que se yo!”, contestó el presidente de la Cámara de Diputados cuando le preguntaron quién montaría en Entre Ríos el operativo electoral del justicialismo disidente, finalmente a cargo del aparato sindical. La respuesta, que podría ser signo de autonomía, es en realidad expresión de debilidad. Lo que ocurrirá el domingo, cuando en la provincia vote el alicaído peronismo antikirchnerista, es la radiografía de la desarticulación. Busti, que no se siente conducido por Eduardo Duhalde ni por Alberto Rodríguez Saá, tanto como que le da la espalda a la disputa entre ambos, no se hace cargo del proceso en su distrito. El futuro dirá si la versión entrerriana del Peronismo Federal es exitosa o frustrante, pero desde ya no es seria.
Una construcción provincial como la que ahora prioriza Busti podría adquirir otro matiz. Tendría algún costado interesante, en tanto supuesta búsqueda de autonomía, de dignidad política, si no estuviera tan marcada por el cálculo. Maltratado como está el federalismo, concentrados como están los recursos, dañado así el sistema institucional, malherido por una inédita concentración presupuestaria en el poder central en desmedro de las provincias, una experiencia localista podría ser presentada como una exteriorización de independencia. Aún así, sería políticamente inviable para los propósitos institucionales. Estaría destinada al fracaso. La modificación del actual estado de cosas exige recorrer un camino ya marcado aunque incumplido: la sanción de una nueva Ley de Coparticipación, que sería, además del cumplimiento de un mandato jurídico, la materialización de una voluntad política que debe surgir tanto de una convicción profunda de los líderes nacionales como de la legítima presión del interior. En ese contexto, carecer de referencia nacional constituye también un obstáculo. No es una ventaja.
Pero la imposibilidad práctica de proyectar una reforma institucional profunda no es un problema exclusivo del bustismo ni obedece exclusivamente a la ausencia de un liderazgo nacional. El problema de la distorsión institucional que se deriva de la concentración de los recursos es olímpicamente ignorado por el urribarrismo: su alianza con el kirchnerísimo es de tal naturaleza que impide incluso plantear el asunto. Es más: se saluda la deformación unitaria en lugar de repudiarla. En el poder discrecional del kirchnerismo para administrar fondos públicos se asientan, según señala el credo oficial, las ventajas que Entre Ríos recoge en la asignación de partidas. “Es el federalismo de los recursos y no de los discursos”, exclaman los funcionarios. La frase rima bien pero suena mal. A la sabida dependencia se añade el hecho de que en determinados rubros, por ejemplo la distribución de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), Entre Ríos ha recogido proporcionalmente menos beneficios que ciertos distritos de inferior gravitación electoral y menor dependencia política.
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