D.E.
Las historias del mundo del revés pasan, en buena parte, en la Argentina. Y en Entre Ríos pareciera que existen varios casos que son una muestra cabal del absurdo, la burla permanente, el abuso de poder y la falta de acción concreta para revertir esas situaciones. Uno de ellos es el episodio que involucra al ex senador provincial Mario Alberto Yedro (PJ-Concordia), a quien la Justicia provincial condenó, en 2005, a prisión condicional por enriquecimiento ilícito, pero, a su vez, en un fallo histórico, ordenó que el Estado provincial expropie su campo de más de 2.200 hectáreas (valuado en 6 millones de dólares), ubicado en el departamento Tala, al interpretar que fue adquirido con dineros públicos mal habidos. En otras palabras sería: con la plata que robó del Estado, para engrosar su patrimonio, adquirió, entre otras cosas, un campo de grandes extensiones, en una zona donde se encuentran de las mejores tierras de la provincia.
Pero ese mundo del revés fue el que inició Yedro desde septiembre de 2008 -o sea, después que la sentencia quedó firme ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia-, cuando se plantó y dijo: “De acá nadie me sacan. Nunca voy a entregar estas tierras, porque me pertenecen”. Claro que un tiempito antes, en mayo de 2008, Yedro transformó la sociedad que tenía como administradora del campo, Del Rubio & Hunmendi, en una empresa familiar. Cuando estalló la investigación por enriquecimiento ilícito -a partir de una denuncia periodística de este semanario, en julio de 1996-, la sociedad estaba integrada por sus amigos Juan Orabona (a quien conocía del barrio, desde la infancia), Juan Martín Telayna, Jorge Cutro y su ex esposa, Silvia Yolanda Torres. En el 2008, Yedro dejó la sociedad a nombre de sus tres hijas: Fátima (25), Luciana (22) y Lara Yedro (19), aunque nunca se las observa por las tierras de la zona de Guardamonte (Tala). Las dos primeras estudian en Buenos Aires y la menor no trabaja, salvo a veces, cuando colabora en el pequeño negocio que tiene su madre en la zona céntrica de Concordia.
Jugarretas que van y vienen
El ex senador y quien fuera su cónyuge fueron condenados en diciembre de 2005 por la Cámara Penal de Concordia, compuesta por Mariela Rojas, Martín Carbonell y Marcelo Garay, a prisión condicional (tres y dos años respectivamente) por el delito de enriquecimiento ilícito. Además, se dispuso el decomiso de un campo ubicado en la zona de Maciá y se impuso una multa de 90.000 pesos. Yedro, a través de su abogado Jorge Romero –el ex fiscal de Estado por 60 días, quien fuera también defensor de Augusto Alasino en la causa por enriquecimiento ilícito- siempre resistió la entrega del campo, dispuesta por la Justicia concordiense a fines de 2005. Cuando en septiembre de 2008 se apersonó en el campo el fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes, para tomar posesión, a los pocos minutos apareció Yedro, a los gritos y totalmente fuera de sí por la presencia del funcionario de Sergio Urribarri. “Te paso con mi abogado, para que arregles con él”, le dijo, pasándole el celular al fiscal de Estado.
--Nosotros tenemos un recurso de queja en la Corte Suprema –le dijo Romero.
--Perfecto, pero mientras tanto tengo derecho a ingresar al campo, según lo resolvió la Sala Penal del STJ. Si la Corte decide lo contrario, nosotros nos retiramos como corresponde.
Rodríguez Signes fue acompañado de su chofer y al rato llegó también personal policial para realizar las tareas de custodia del lugar. Había varios animales y maquinarias. “Eso nosotros no tocamos; lo que toma el Estado es el campo. Nada más”, dijo Rodríguez Signes.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
