Daniel Tirso Fiorotto
(Especial para ANÁLISIS)
La Fiscalía de Estado de la provincia de Entre Ríos registró decenas de campos grandes en litigio y decenas de otros campos literalmente usurpados por foráneos, en una extensión de 300 kilómetros del extremo sur entrerriano, sobre los meandros de los ríos Paraná Guazú, Paraná Pavón y Paraná Ibicuy, y numerosos riachos.
Los mapas sorprenden: intrusado, intrusado, intrusado, intrusado, se lee en decenas de parcelas de miles de hectáreas.
La penetración sigilosa de numerosos empresarios de las provincias de Buenos Aires y Santa Fe o extranjeros sobre el territorio provincial, principalmente en los departamentos Gualeguay y Victoria, fue puesta en foco con la decisión de frenar y revertir un escandaloso proceso de enajenación del patrimonio público iniciado durante las gobernaciones de facto de Ricardo Favre y Rubén Di Bello, y continuado durante décadas.
No se trata de pequeños lotes sino de estancias de miles de hectáreas, donde empresarios inescrupulosos obtienen ganancias extraordinarias principalmente con el engorde de vacunos, frente a Villa Constitución, San Nicolás, Ramallo, San Pedro, o en cercanías de la desembocadura del río Gualeguay en el Paraná Ibicuy.
Si bien la mayoría de las parcelas son inundables, en verdad pasan años en que los llamados “padentreros”, peones de la zona, permanecen atentos a los “repuntes”, crecientes de baja intensidad, que no exigen la evacuación, de modo que el aprovechamiento de los pastizales realizado por grandes ganaderos es permanente.
La tarea de revisión de títulos requiere un estudio exhaustivo, metro a metro, ya que los profesionales encuentran situaciones muy distintas, de una parcela a la otra, pero en general la Fiscalía estudia una gran cantidad de “privatizaciones” de facto, de tierras que el Código Civil no autoriza a sacar del patrimonio público porque son islas.
Luego de revisar el estado de las 200 mil hectáreas de islas y campos bajos que pertenecen a la provincia, y comprobar que la mitad de esa superficie estaba siendo apropiada por particulares, poco a poco, la fiscalía se abocó a la recuperación de los títulos y ya ganó varios juicios que personas de Buenos Aires y cercanías de Rosario habían iniciado por supuestos derechos de posesión ininterrumpida por décadas (usucapión).
El problema no ha concluido allí. De las 200 mil hectáreas, aún quedan 40 mil en litigio.
Pero mientras tanto, fuera de esas 200 mil (sobre las que la Dirección de Tierras Fiscales posee títulos de propiedad del Estado), los profesionales de la Fiscalía encabezados por el abogado Julio Rodríguez Signes estudian el modo con que otras 50 mil hectáreas, por lo menos, han quedado ocupadas por pymes de Buenos Aires y Santa Fe, principalmente (grandes empresarios pero también familias de medianos recursos), con títulos que no se ajustarían a derecho.
Algunos de los empresarios que aprovecharon la permeabilidad del Estado entrerriano son conocidos terratenientes, como la familia Gualtieri, de estrecha relación con sectores políticos de la Argentina y en particular de Entre Ríos.
Recuperar la Península
El acto de posesión de la Península de Ibicuy, realizado en mayo pasado por el Fiscal Julio Rodríguez Signes y el escribano mayor de Gobierno, Francisco Gastaldi, en el extremo sureste de Las Lechiguanas, frente al Puerto de Ibicuy, fue como un hito.
“El objetivo del gobierno de facto encabezado por el brigadier Ricardo Favre fue endicar grandes parcelas de la isla Las Lechiguanas, recuperar la aptitud agrícola del territorio, y de la superficie endicada: mitad quedaba para la empresa y mitad para la provincia. Eso fue en los años 70. La cuestión está en que hoy, de toda esa superficie, la provincia perdió todo. No tiene ni superficie endicada ni tierras que hayan ganado aptitud agrícola. Un despojo absoluto. Ese proceso debe ser revisado”, sostuvo Rodríguez Signes en diálogo con ANÁLISIS.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
