C.R.
La derecha se agazapa latente y está ahí, precisamente agazapada tras los discursos de ocasión; discursos a tres días de las elecciones. Siempre hay una elección a la vuelta del calendario que a las mentes pragmáticas le sirve para dejar todo como está, no avanzar en ningún aspecto que haga a la vida en sociedad.
Eso, en un gobierno que no tiene más ideología que el pragmatismo –kirchnerista por obra y gracia de las circunstancias políticas imperantes que para nada provocó el mismo gobierno– es una situación que invita al status quo.
Entre Ríos, desde su gobierno, por ejemplo, no apoyó una de las principales conquistas que conocerá todo el siglo: la admisión del matrimonio de personas del mismo sexo. Sergio Urribarri no apoyó el denominado matrimonio gay, y el ejército de pseudo periodistas que pululan a su lado, siempre prestos a reír cuando ríe, comer salame cuando para las cámaras corta salame y convida salame, festejar los chiste en medio de un discurso, aplaudir cuando se tira a una piscina que inaugura, los perioficialistas tenían instrucción precisa de no preguntar sobre el matrimonio gay al gobernador.
Por eso no sorprendió lo que se vivió en el hospital público entrerriano donde patoteada del cardiólogo ultraconservador y ultramontano César Pazo pesó más que la ley o una supuesta política de estado de respetar la legislación y ponerse del lado de los ciudadanos con derechos.
Se puede tener la opinión que se tenga en materia de aborto. Un tema álgido y complejo donde los haya. Un gobierno tiene derecho a ser antiabortista, pero debe decirlo. Tiene derecho a decirle a su ministro: “milite el antiaborto” pero debe ser transparente.
En cambio, lo que pasó en el hospital público de Paraná muestra que no existe tal política de estado y que un grito vale más que mil razones. El hecho, lo informó la prensa porteña –la prensa porteña, la porteña– se dio así. Según las palabras de dos integrantes del Consorcio Nacional por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Conders) ante la Defensoría del Pueblo de Paraná y de la Nación: “Obligan a una mujer a continuar con su embarazo aumentando el riesgo para su salud física y/o psicológica y el riesgo de morir es inadmisible, dado que el aborto en nuestro país es legal precisamente en estas circunstancias, desde 1922. Aquí no hubo objeción de conciencia, de ninguna manera. Esto fue un avasallamiento de los derechos reproductivos de una mujer que había consentido la interrupción del embarazo”. Eso denunciaron Carolina Comaleras y Silvia Primo, representantes del Conders en la provincia en el diario kirchenirista Página/12.
Tiempo pasado
Cuando Jorge Busti fue gobernador también actuó mirando la brújula del pragmatismo político. Desde su gobierno se entregó la legislación en materia de salud sexual y reproductiva a la Iglesia católica para que haga con ella lo que más quiera: desactivarla.
Pero es cierto que cuando se produjo una situación similar, con una joven discapacitada mental violada y embarazada, cuya familia reclamaba la práctica de un aborto, lo hizo conforme a la ley. A la madrugada y silenciosamente, pero valiéndose con la ley. Si la ley no gusta hay que cambiarla, pero mientras exista se debe cumplir. Y se cumplió en aquella circunstancia.
