Martín Gerlo
Desde este domingo, los medios de comunicación locales han dejado entrever que el proceso de normalización de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) no transcurrirá desprovisto de sobresaltos. Las críticas a su actual rectora, Graciela Mingo, sobresalieron el fin de semana en las páginas de un matutino local, y desde entonces han reverberado en diversos sitios de noticias. A partir de allí, el conflicto desatado alrededor de la máxima autoridad de la casa de altos estudios no ha dado tregua a los lectores entrerrianos.
Esta semana, precisamente, se produjo el primer acto eleccionario camino a la normalización, que concluirá el 26 de abril de 2012, cuando se elija al nuevo rector. Los estudiantes de cada una de las cuatro unidades académicas debieron consagrar a cinco representantes de su claustro, quienes a su vez escogerán a los seis alumnos que asistirán al Consejo Superior y que tendrá la última palabra –junto a los representantes de los otros claustros- en la definición de la nueva máxima autoridad.
Paralelamente a los cuestionamientos a la actual gestión y al incipiente proceso normalizador, el gobierno provincial comenzó planificar su propia estrategia, previendo el conflicto que significará la transición desde el 10 de diciembre hasta la elección de la nueva autoridad. Según una versión bastante extendida, el oficialismo estaría delineando quién será su propio candidato y apostando, a su vez, al desgaste de la actual gestión. Algunos funcionarios ya se habrían comunicado con un destacado pero a la vez joven académico, docente de esa casa de estudios y de una universidad privada, ofreciéndole ocupar ese espacio. Lo que será difícil de establecer es la estrategia a adoptar: detener el proceso de normalización significaría un costo político muy grande, por lo que probablemente las iniciativas al respecto deberán ajustarse al calendario establecido.
Mingo confió a ANALISIS que el 10 de diciembre presentará su renuncia, y pondrá a disposición de las autoridades reelectas su continuidad o no al frente de la institución hasta tanto se elija al nuevo rector. Este ofrecimiento que habría realizado el gobierno podría ser, entonces, tanto para el período de transición como para ser legitimado a través del sufragio a desarrollarse el 26 de abril.
“Creo que acá se está mezclando una cuestión institucional con una cuestión personal, en la cual el artículo de un matutino mezcla cuestiones que tienen que ver con la normalización y el trabajo de las juntas electorales -que está mal enfocada, porque son cinco juntas, una por cada facultad y una por rectorado- y la ordenanza del calendario electoral”, señaló Mingo, en una entrevista concedida a este semanario. “Por otro lado, cada una de estas juntas tiene su autonomía para trabajar y han ido resolviendo los distintos problemas que han tenido. Con esto quiero mostrar que hay un proceso de transparencia y de decisión que está en cada uno de los lugares. No es algo que uno, arbitrariamente, pueda estar eligiendo”, explicó.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
