C.R.
El Estado elefantiásico, el que tiene cabeza grande, barriga prominente, trompa ágil y cola que va a la cola sin más función que la de espantar moscas; ese Estado con una voluminosidad distribuida como la distribuye se maneja en la selva con elefántica agilidad.
Cuando Cristina Fernández de Kirchner ingrese al último año de su segunda gestión, la tercera de la era kirchnerista, Argentina estará cumpliendo veinte años de incumplimiento –valga la cacofonía– en elaborar una ley de coparticipación federal de impuestos, tal como lo ordena la Constitución Nacional reformada en Paraná y Santa Fe en 1994.
La Presidenta no era presidenta cuando la clase política argentina se comprometió en hacer la ley de coparticipación, sino que era –precisamente– convencional constituyente. Es decir que estaba entre los dirigentes políticos que se comprometió a que se haga esa ley. Néstor Kirchner era gobernador de Santa Cruz y también era convencional constituyente.
Cuando la entonce senadora Cristina Fernández llegó en campaña política para que su marido sea presidente, ANÁLISIS le preguntó si había posibilidad de que Entre Ríos pueda contar con regalías en la renta de la soja. El yuyo verde, como lo definió luego, no era aún botín de discordia entre gobierno y entidades del campo, cuando este medio preguntó lo que preguntó. Y la soja no estaba en la consideración social todavía, pero ya se veía que la economía dependía de esa leguminosa. Y la presidenta dijo que no era partidaria de las regalías –salvo las petroleras que hizo rica a su provincia, se supone–, sino que “los argentinos nos debemos una buena ley de coparticipación, justa”, contestó.
Pasaron los cuatro años de presidencia de su esposo, se están terminando los cuatro de su primera gestión, nos encaminamos al tercer período de la era kirchnerista y la ley no aparece.
En cambio, el Estado argentino se reserva para sí el derecho de distribuir discrecionalmente los subsidios. Valga la definición para entender: “un subsidio financiero se define como la diferencia entre el costo de producción de un bien o servicio y el precio (inferior al costo) afrontado por el consumidor o usuario del mismo”.
Independientemente de esto, el subsidio puede ser para el consumidor o para el productor. En este último caso puede disminuir el costo de producción o incrementar el precio recibido por el productor, en relación a lo que prevalecería en un mercado libre de distorsiones.
Hijos y entenados
Un entrerriano recibió 169 pesos para amortiguar el impacto económico de la inflación. Muy lejos de los 1.477 pesos que recibe el habitante de la cuna del kirchnerismo: Santa Cruz.
Así se desprende del informe que elaboró el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), una entidad de estudios, sin fines de lucro, que reúne a prestigiosos profesionales universitarios, entre quienes se encuentra Nadin Argañaraz, doctora en Economía y cronista de los principales diarios porteños.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
