Daniel Enz

Lo pensó dos veces antes de repetirlo. Estaba claro que la intervención1 pública del procurador general del Superior Tribunal de Justicia (STJ) no iba a suceder si eran “pelotudeces”, tal como le dijera al periodista Antonio Tardelli en su programa de radio, el día después de la nota de tapa de la revista, a fines de abril. “Los hechos denunciados son obviamente hechos graves, y estamos ante una denuncia que es muy concreta”, dijo el letrado uruguayense, Jorge García, tratando de poner blanco sobre negro y marcando la cancha, respecto a la recepción de innumerables subsidios de la Cámara de Diputados de la provincia, entre 2008 y 2011.

El diputado oficialista José Ángel Allende (PJ-Nogoyá) tragó saliva ese domingo, cuando leyó en el diario Uno (uno de los pocos medios que le asignaron importancia a la denuncia periodística de ANÁLISIS) que García, jefe de los fiscales, había ordenado una investigación preliminar para verificar si existen elementos, a fin de abrir una causa penal. Quizás, el diputado, recordó que ese mismo magistrado fue quien hizo trastabillar al ex vicegobernador Domingo Daniel Rossi cuando en pleno juicio dio absurdas explicaciones sobre el uso indebido de los fondos reservados y firmó su condena.

De un día para el otro, Allende tuvo que cambiar el discurso. Se dio cuenta que esta vez, más allá de su ostentación de poder de los últimos 20 años, la mira de la justicia la tenía en su nuca y no podía cometer errores, más allá del “apoyo en silencio” del poder político. Nadie salió a respaldarlo públicamente, pero cuando llamó a varios de los más experimentados miembros del gabinete y al propio gobernador Sergio Urribarri, todos le dijeron lo mismo: “Quedate tranquilo; estamos con vos y todo va a salir bien”. Extrañamente, nadie salió a hablar de Allende; ni a favor ni en contra. Ni ministros, ni legisladores. Por un momento recordó que en otras instancias, cuando hubo denuncias periodísticas similares, que finalizaron en la justicia, siempre fue otra la reacción. Pero esta vez no ocurrió lo mismo. Ese vacío le generó dudas, pero cuando observó determinadas sanciones económicas a este medio -por el simple hecho de informar-, se tranquilizó y lo entendió como un mensaje desde el oficialismo.

Quedaba claro que había que cambiar la estrategia respecto a la denuncia y su derivación judicial. Ya no se podía hablar de “pelotudeces”. Ya había una fiscal, una jueza -como el caso de la doctora Marina Barbagelata- y un procurador esperando las respuestas a toda una serie de requerimientos que se fueron cumplimentando en los últimos días, cuando comenzaron las citaciones a declarar a Tribunales y se empezaron a enviar los oficios pertinentes a organismos de la provincia y a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), entre otros lugares.

“Si hay algo transparente es la fundación Esperanza. Así que tengo la absoluta tranquilidad”, dijo Allende, cambiando el eje. “Yo soy un hombre público y, como corresponde, voy a alcanzar a la justicia absolutamente toda la documentación”, sostuvo en declaraciones a la agencia APF. “Estoy contento con que la Justicia actúe de oficio pidiendo información, porque esa es su obligación. Y es la obligación de los hombres públicos ponernos a disposición. Después, los que hablan al 'cuete', que sigan hablando”, acotó. Estaba claro que era otro Allende.

Crecimiento patrimonial

Además del delito que puede existir en torno al manejo irregular de subsidios, lo que no solamente comprendería, en la investigación judicial, el período 2007-2011, sino que el relevamiento que se hará arrancará en el 2002 (la Fundación Esperanza se habría creado durante la gestión de Sergio Montiel, con quien Allende tenía fuertes relaciones, pese a ser un hombre de la “oposición”), lo que también comenzará a observar con detenimiento la fiscal Laura Cattáneo será el crecimiento patrimonial del legislador y su entorno familiar.

Allende es un hombre de negocios, antes de gremialista, legislador y referente del poder del oficialismo. De acuerdo a un relevamiento de ANÁLISIS, está ligado -a través de sociedades con amigos y familiares, con domicilios en el exterior- al negocio financiero y bursátil; a la cría de ganado; al cultivo de cereales; a los medios de comunicación. Tiene vinculaciones con el mercado de los medicamentos (más allá de que cuando saltó el negocio irregular de la efedrina, ordenó el cierre intempestivo de la farmacia que conducía una de sus hijas y que estaba en la esquina del Hospital San Martín); con las carreras de caballos y la construcción. En medio de eso, se da tiempo para exigir reivindicaciones gremiales para los empleados públicos de su sector, conducir la Legislatura entrerriana y entregar en Nogoyá -casi siempre en su ciudad- cheques, utilitarios o elementos escolares, a través de la Fundación Esperanza que lidera su mujer Adriana Satler, como presidenta y él como secretario.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana, en un informe especial de cuatro páginas)