Martín Gerlo
Quienes caminan diariamente por Paraná son testigos privilegiados de una situación que viene dándose en los últimos años con mucha intensidad: las grandes construcciones en altura proliferan y se multiplican, casi sin descanso. Según pudo establecer ANALISIS, entre octubre de 2007 y junio de 2011 la capital entrerriana vio nacer más de 100 edificios en torre, con una superficie total proyectada de 104.521 metros cuadrados.
Este fenómeno, que está cambiando la fisonomía urbana de la ciudad, no fue gratuito para cientos de ciudadanos. Los daños ocasionados en las propiedades linderas a estos emprendimientos inmobiliarios son una constante, al tiempo que los recaudos tomados por las empresas constructoras –beneficiarias de un insuficiente control de obra- se han reducido a su mínima expresión.
Un abogado que lleva adelante dos casos de estas características lo define con una sola palabra: “Inescrupulosidad”. Aunque el Código Civil en su artículo 1.109 establece que “todo el que ejecuta un hecho, que por su culpa o negligencia ocasiona un daño a otro, está obligado a la reparación del perjuicio”, no todos los profesionales conocen los alcances de sus acciones, que de ocurrir una tragedia pueden incluso llevarlos al ámbito penal.
De las 200 solicitudes ingresadas en el Centro de Mediación Comunitaria de la Defensoría del Pueblo entre septiembre de 2011 y 2012, 15 corresponden a la categoría Construcciones, la cual “abarca inconvenientes generados tanto por la edificación de torres de departamentos y casas como refacciones”. Allí, sin embargo, calculan que el porcentaje de casos que se materializan en una denuncia es mucho menor al total de ellos. Incluso, si se tiene en cuenta la multiplicidad de inconvenientes que producen estas obras, podría conjeturarse que muchas ingresaron en otros segmentos, como “Medianería”, “Convivencia” o “Filtraciones Humedad”.
La Municipalidad tiene el poder de paralizar las obras cuando se constata alguna de estas irregularidades, pero –según confían- “esta situación pocas veces se observa”. A pesar de algunos esfuerzos, la comuna no cuenta con recursos “materiales ni humanos” para llegar a todas ellas, y el vacío que se produce entre la aprobación del proyecto de factibilidad y su ejecución es bien aprovechado por las empresas que, aunque deban contar con una Aseguradora de Riesgos, tienen un margen de maniobra muy grande.
(Más información en la edición impresa número 969 de la revista ANALISIS)
