Jorge Riani
Federico Malvasio

Ni dios ni la patria son querellantes en causa alguna de corrupción administrativa. Por eso nadie tiembla cuando, alumbrados por los flashes que eternizan instantes, mandatarios y funcionarios juran cumplir fielmente sus funciones, a cuenta y cargo de que “dios y la patria os los demanden”.

No hay pruebas científicas de que dios exista y quizás la patria no sea más que aquella larga y emotiva enumeración de Cortázar, donde también inventarea a “malandras, cajetillas, señores y cafishos, diputados, tilingas de apellido compuesto”.

Y si dios efectivamente existe, se ha dicho ya que pregunta menos y perdona más. Casi como el Tribunal de Cuentas, que cuando tiene que investigar a un pez grande suele caer en similares mutismos e indulgencias.

En Entre Ríos la corrupción pasea, oronda y a sus anchas, sin temer a dioses ni jueces. Tampoco a los auditores.

En los últimos meses la corrupción ha ganado varias batallas. Y como si se tratara de un inverosímil culebrón de mafietas bananeras, cada historia encierra un absurdo, un grotesco.

Dos ex vicegobernadores debieron pasar ante la Justicia para dar cuentas de faltantes de dinero, de mucho dinero, de verdaderas fortunas. Uno de ellos, Domingo Daniel Rossi, quedó condenado porque no pudo justificar la tenencia de cuentas bancarias en Uruguay, como lo reveló en su momento ANÁLISIS. Fue castigado con una cárcel sin barrotes. Prisión en suspenso, porque nadie ha ido preso en Entre Ríos por corrupción administrativa.

El otro, Héctor Alanis, fue sobreseído, porque un informe de un ex auditor del Tribunal de Cuentas le dio, para explicarlo en términos vulgares, una mano para sortear las responsabilidades administrativas y, por tanto, penales y civiles de un presunto faltante de dinero del Senado.

¿Pero quién fue el auditor a quien Alanis debe prenderle una vela cada 11 de noviembre, el Día de San Cristina? Precisamente, el contador Cristian Treppo, actual intendente de Seguí que llegó al cargo de la mano de la militancia bajo las huestes del mismísimo Alanis. Pero Treppo tuvo también un paso como auditor por el Senado provincial bajo la gestión de Domingo Daniel Rossi, quien –como se dijo ya– fue condenado por un hecho de corrupción administrativa.

Un auditor olvidadizo

Lo dicho: la causa que tenía como principal acusado al ex vicegobernador y actual funcionario provincial, Héctor Alanis, tuvo un punto. No está dicha la última palabra porque el procurador de la provincia, Jorge Luciano Amilcar García (el mismo que condenó a Rossi cuando fue camarista) anticipó que apelará el sobreseimiento.

Sin embargo, el primer round fue favorable a la corrupción. La Cámara Primera en lo Penal de Paraná sobreseyó al dirigente peronista de Paraná Campaña al entender que, pese a la prueba recabada, no se encontró delito por el que se lo acusaba: presunta malversación de fondos del Senado entre 1995 y 1999.

La denuncia fue formulada por la desaparecida Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) el 20 de diciembre de 2000, pero la investigación se complicó por la desaparición de documentos administrativos. Según las conclusiones a la que arribó el organismo, en el Senado se ampliaban los fondos destinados a la partida identificada como Servicios No Personales del Programa 18, sin dictar las normas reglamentarias que así lo autorizaran. Todo eso se realizaba con la finalidad de disponer de importes de volúmenes significativos para ser sustraídos, había concluido el ex titular del organismo de contralor, Oscar Rovira.

Buena parte de la investigación para saber de qué manera se gastaron 11 millones de pesos/dólares sin justificación alguna se basó en la documental y en los peritos del Tribunal de Cuentas de la provincia. Funcionarios de ese organismo prestaron declaración y documentación. Uno de ellos es el actual intendente de Seguí, Cristian Treppo, que en aquellos tiempos se desempeñaba como auditor.

La primera causa, que estuvo a punto de archivarse, tuvo a Treppo desempeñando tareas en la Vicegobernación; y José Crettón Pereyra, quien fuera encargado de la Dirección de Administración del Senado, como imputados.

El actual intendente de Seguí fue auditor del Tribunal de Cuentas. Allí se desempeñó por más de 14 años según consta en el expediente que lo tiene como testigo. Y, en un primer momento, como sospechoso. A fojas 1085, Treppo afirma que desde mediados de 1997 estuvo como auditor en el Senado y los dos años siguientes auditó el Programa 18. Su jefa directa era la auditora Marta Pérez. Los dos respondían a Luis Ramos. “Pedían informes por escrito, pero muchas consultas se hacían verbalmente” y “los controles eran selectivos”, confesó el jefe comunal.

Treppo dijo no recordar que “le haya llamado la atención nada en particular, ni que el Programa 18 tuviera gastos en subsidios sin que existiera legalmente esa partida para ese programa”. Esto último, sin embargo, llamó la atención a la jueza Marina Barbagelata en su auto de procesamiento al verificar que Treppo se contradice respecto de que lo que se auditaba era la inversión de los fondos. El entonces auditor afirmó por otro lado que el Programa 18 incluía que el 90 por ciento aproximadamente era para contratos y que generalmente todo era por cheque, salvo los cheques globales, que luego se desagregaban. Para la magistrada “está probado que de ese 90 por ciento de fondos representados por los contratos, ninguno se pagaba por cheque, ni se registraba en la relación de comprobantes”.

Treppo es un contador que desarrolló una importante carrera como auditor en el Tribunal de Cuentas de la provincia. Como aparece en el expediente, formó parte del órgano de control administrativo durante 14 años. Luego fue al Senado para desarrollar una tarea similar: la de controlar los fondos que maneja ese cuerpo legislativo. Fuentes cercanas al actual intendente lo reconocieron ante ANÁLISIS como un hombre que se inició en la función pública de su par de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, cuando éste fue vicegobernador en la segunda gestión de Jorge Busti.

De millones y una casita

El caso del ex senador Félix Abelardo Pacayut alimentó un expediente que se parece al guión de una obra de teatro del absurdo. El hombre del sur entrerriano tiene dos causas en la Justicia: una por el desvío de 30 millones de dólares destinados a obras fluviales y otra por falsificar documentación para quedarse con una casa de planes sociales. Increíble.

Pacayut tiene una condena que supera los tres años de prisión. Es decir que es de cumplimiento efectivo, aunque el ex legislador peronista ha logrado burlarse de la sentencia y continúa gozando de su libertad.

Quizás una puerta de esperanza queda para Félix Abelardo Pacayut. Podría evitar la cárcel, donde tiene que cumplir una condena de tres años y cuatro meses de cárcel por haber falsificado documentación para obtener una casa del Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda (IAPV) cuando ostentaba el cargo de legislador. Su mujer, Ruth Klein, fue condenada en la misma causa a una pena de dos años de prisión condicional. El estado de salud del ex senador justicialista provocó en los tribunales de Paraná una serie de procedimientos poco habituales que lo terminarían favoreciendo.

Cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la sentencia por la que se lo condenó, los abogados defensores apelaron a los problemas cardíacos de su cliente y presentaron un informe médico para que se evaluara si estaban dadas las condiciones para que Pacayut sea alojado en la Unidad Penal Nª1 de Paraná.

El Cuerpo Médico Forense del Superior Tribunal de Justicia (STJ), encabezado por Luis Moyano, tomó los argumentos de los defensores y determinó que el condenado padecía de un estado de salud precario y no era conveniente avanzar con el cumplimiento de la condena en las instalaciones del penal. El Ministerio Público Fiscal se opuso a la idea de que Pacayut se quede en su casa y apeló la decisión a través de la fiscal Carolina Castagno, quien solicitó que sea una junta médica la que decida sobre el destino del condenado.

Lo cierto es que el tribunal integrado por Miguel Giorgio, Hugo Perotti y Daniel Malatesta; entendió “razonable” la creación del comité requerido y que el mismo sea compuesto por “especialistas de la materia”. En rigor, cardiólogos.
La junta médica no se pudo constituir porque los médicos que integran la lista de los tribunales se excusaron por distintos motivos. Esto llevó a la Procuración General a cargo de Jorge García a solicitar al tribunal que sean peritos de la Corte Suprema los que evalúen la historia clínica y los informes de salud de Pacayut.

La Sala 1 de la Cámara del Crimen hizo lugar a la requisitoria de García. Esa decisión puede ser apelada al STJ por la defensa al entender que los peritos ya resolvieron. A la fecha no ha comenzado a cumplir con la condena.
En la Corte pueden ocurrir tres cosas: que se expida y contradiga al cuerpo forense entrerriano, ratifique lo dicho en los tribunales locales, o rechace el pedido de la Procuración General de la provincia. Las dos últimas alternativas dejarían firme lo resuelto por Moyano: que Pacayut cumpla la condena en su domicilio. ¿Quiénes son los médicos que se excusaron? ¿Cuáles son las razones? Son preguntas pendientes y respuestas que en los tribunales se negaron a brindar, por ahora.

De rechazarse el pedido a los peritos de la Corte, se establecería un antecedente que beneficiaría al ex senador en otra causa por la que fue condenado y que tiene una pena de cumplimiento efectivo. En diciembre pasado, Pacayut recibió una pena de cuatro años de prisión efectiva, más inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y se le aplicó una multa de 90.000 pesos por el desvió de unos 30 millones de pesos –dólares de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) destinados a la construcción de la terminal fluvial de Puerto Ibicuy. El caso está en la etapa de Casación.

Pacayut es el caso de corrupción en la administración pública que más lejos llegó. El intendente de Santa Elena Domingo Daniel Rossi, acusado de enriquecimiento ilícito; y el ex funcionario Oscar Horacio Mori, por el desvío de fondos públicos; fueron condenados con penas de cumplimiento no efectivo.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS del 26 de septiembre de 2013)