Antonio Tardelli
La elección de las autoridades entrerrianas en simultaneidad con los comicios presidenciales constituye, por fin, el escenario de la contienda con todos los efectos que ello acarrea. Es evidente que, ejerciendo discrecionalmente sus excesivas atribuciones, las que le permiten ordenar las reglas conforme su interés de parcialidad, el peronismo gobernante en Entre Ríos escogió la alternativa que considera más conveniente para sus aspiraciones.
Si no fuera porque las mejores razones suelen ser aprovechadas para los objetivos más subalternos, la programación de las elecciones provinciales debieran ser objeto de una reforma institucional de magnitud. Si como en la Constitución de los Estados Unidos –que establece para los comicios una fecha inamovible– la determinación del proceso no estuviera atada al capricho del gobernante, se avanzaría en términos de igualdad para los competidores. Las reglas permanentes aportan previsibilidad y acotan la incertidumbre.
Así como la ley pareja no es rigurosa, la discrecionalidad desiguala. La desigualdad comporta la ventaja de los poderosos y el atropello hacia los débiles. Es curioso que quienes se atreven a introducir el vocablo “igualdad” en su léxico político reivindiquen y usufructúen, a un tiempo, la potestad de desigualar.
La facultad de determinar a su solo arbitrio el cronograma electoral, atribución que el gobierno de Sergio Urribarri empleó al extremo con un notorio sentido de especulación, es equiparable a un enfrentamiento deportivo en el que el team más fuerte determina las condiciones del desafío incluyendo el reglamento. Se trata de una evidente desigualdad, que frustra la posibilidad de establecer las mejores condiciones posibles para que se manifieste acabadamente la voluntad popular.
Como ocurre habitualmente, la distorsión se materializa invocando los más altos intereses de la patria y del pueblo.
