Jorge Riani
Sin exposición pública no hay escándalo. Un hecho que no se ventila, por miserable que fuere, no es un escándalo. Si el fallo de los jueces Horacio Piombo y Benjamín Sal Llargués –donde centran la atención en la condición gay y de travesti de un niño violado– no hubiese tenido la repercusión, y tras ella el repudio generalizado, no sería un escándalo. Sería nada más (ni nada menos) que un fallo miserable.
Al reciente fallo en posición minoritaria del juez del Superior Tribunal de Justicia e integrante de la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal de ese tribunal, Daniel Carubia, le faltó publicidad para convertirse en escándalo. Nos referimos a los fundamentos del rechazo de la impugnación extraordinaria interpuesta por la defensa del sacerdote católico y ex prefecto del Seminario Menor de Paraná, Justo José Ilarraz, en la causa que se le sigue por el delito de promoción a la corrupción agravada.
Carubia dice que la causa judicial iniciada por los abusos que cometió el cura Justo José Ilarraz contra sus alumnos adolescentes está prescripta. Si el juez cree eso y funda en razones jurídicas su voto, está muy bien que lo diga. Es justo que responda a su conciencia y obligatorio que fundamente su decisión.
El problema no es que haya dicho un aquí-se-cierra-el-caso, aunque esa decisión no deje conforme a las víctimas, a los querellantes, a los defensores de derechos humanos, a esta revista que destapó el caso, a gran parte de la sociedad. Se puede entender claramente que el juez no está para agradar, ni para jugar para la tribuna, ni para quedar bien. Así debe ser.
Los otros dos vocales del STJ que entendieron también en el caso resolvieron de modo contrario y sentaron sendas decisiones en argumentos jurídicos. Acá también corre aquello: a quienes no le gustan sus resoluciones deben respetar siempre que lo resuelto se ajuste a derecho, sea argumentado y haya surgido de la libre conciencia de sus autores.
Para Carlos Chiara Díaz y Claudia Mizawak el caso debe seguir siendo investigado. Con el mismo criterio con que dijimos lo anterior, podemos decir aquí: poco importa si los votos de estos dos jueces nos deja conformes –como nos deja– a esta revista, a las víctimas, a los querellantes, a los defensores de derechos humanos y cuanto ciudadano de a pie sueñe con que la impunidad no venza otra vez.
Cuando se repasan los textos de Chiara Diaz y de Mizawak no se topa uno con un panfleto anticlerical, ni con un libelo vengativo, ni con una circular condenatoria al imputado. No. Es un texto que se sienta sobre bases jurídicas, sobre doctrina, sobre leyes, sobre pronunciamientos de juristas y también sobre el margen de interpretación de sus autores.
De modo que nadie debe asustarse porque en esta república una sentencia exhiba la diferencia de criterios entre sus integrantes colegiados. Eso es normal y seguramente saludable.
/// Más información en la edición gráfica número 1021 de ANALISIS del 28 de mayo de 2015. ////
