Daniel Enz
El sistema de Gastos Reservados de Entre Ríos beneficia al gobernador, al ministro de Gobierno y al jefe de la Policía. Y su manejo es sencillo: cada mes, el responsable del Contable de cada área recibe una determinada partida de dinero y éste a su vez se la entrega a la autoridad correspondiente, previa firma de un documento, donde consta la recepción de lo girado. Ese papel, va al Tribunal de Cuentas de la provincia. Pero nadie sabe en qué gasta ese dinero la autoridad que la recibe. Es de libre disponibilidad y así funcionó siempre.
Lo que pudo determinar ANÁLISIS es que, además de Gustavo Bordet, Mauro Urribarri y el comisario Gustavo Maslein -los hombres en cuestión-, quien también cuenta con una partida mensual, es la actual presidenta del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, la doctora Claudia Mizawak y que ello existe desde 2010, cuando la titular del cuerpo era Leonor Pañeda, actual vocal del STJ. Mizawak era la vicepresidenta y la fórmula siguió así hasta fines de 2013.
La información no solamente fue corroborada por este medio en las planillas de la Cuenta General del Ejercicio de la Contaduría General de la provincia -en el Consolidado de Gasto de entre el 2010 y el 2014, lo que figura en la partida 392-, sino que además fue confirmado por una alta fuente del actual gobierno entrerriano, que prefirió el anonimato para no enfrentarse con los miembros de la cúpula judicial. “Esa modalidad se pactó en el 2010, porque los miembros de la cúpula del Poder Judicial querían sí o sí un incremento salarial y de acuerdo a lo que percibían los magistrados de la justicia federal”, indicó ese funcionario. En ése año, se le giraron 252.000 pesos a la presidenta del STJ, la doctora Pañeda que, de acuerdo a lo acordado con el Poder Ejecutivo y por orden de Sergio Urribarri, serviría para que cada vocal lograra una especie de retribución por fuera del recibo y de esa manera, se obtenía una remuneración mensual un poco más elevada que la que figuraba en los papeles. O sea, una especie de plus en negro. “Fue así lo pactado”, acotó ese alto funcionario, que sigue ocupando un cargo clave dentro de la estructura del Poder Ejecutivo entrerriano. En la cúpula, la única que no habría querido aceptar tal “plus”, por esos días, habría sido Susana Medina de Rizzo.
Cuando dos de los vocales del STJ fueron consultados por este cuerpo, se sorprendieron con el dato. “Desconozco”, dijo uno de ellos, sin más comentarios. “Sí, puede ser, pero no sé en realidad porque estoy alejado de la conducción”, sostuvo otro de los indagados. No obstante, uno de ellos se preguntó si ello no era lo destinado a viáticos o gastos por invitaciones a disertantes o dinero asignado al financiamiento del Instituto Alberdi, que sirve para la capacitación de los hombres y mujeres de la justicia. Pero la respuesta la dio otro funcionario consultado, sabedor del tema: “El STJ tiene viáticos; posee financiamiento para el Instituto Alberdi y fondos para ello, es decir, cursos, formación, charlas. Si quieren viajar tienen viáticos, si quieren traer a alguien para dar charlas le pagan por el Alberdi; si quieren hacer gastos, regalos de cortesía, cuentan con partida y lo pueden justificar sin problemas ante el Tribunal de Cuentas”.
(Más información en la nota de tres páginas, de la edición gráfica número 1039 de ANALISIS del jueves 12 de mayo de 2016)
