Daniel Enz
El alto funcionario ya no es el mismo del viernes pasado. Hay quienes dicen que nunca había transpirado como en ese día en que fue obligado a renunciar. Lo que se vendió como una dimisión no fue más que un pedido exigente de paso al costado, para que no siguiera provocando mayores desgastes al gobierno de Gustavo Bordet. El hasta entonces presidente del Tribunal de Cuentas, Guillermo Smaldone, podría haber renunciado días antes, cuando los votos de los integrantes del Superior Tribunal de Justicia (STJ) eran una realidad que no se podía modificar. Pero no lo hizo. Esperó a que le dijeran que diera el paso al costado y que no se preocupara; que algo le iban a conseguir, ya sea en ámbitos del Poder Ejecutivo o bien, directamente en la Cámara de Diputados, que preside Sergio Urribarri, quien es algo así como un “tío postizo” desde hace ya mucho tiempo. El que lo bendijo primero para ser fiscal de Cuentas; el mismo que lo llevó como ministro de Trabajo poco después y el que lo transformó, sin escalas, en titular del Tribunal de Cuentas, sin importar las reglas constitucionales ni escuchar los reclamos de la oposición.
Urribarri quería estar tranquilo a partir de diciembre de 2015 y nadie mejor que Smaldone para sentarse arriba de cualquier auditoría crítica. No había margen para el error. Con el Guille en funciones -como le dice Urribarri- no iba a existir corrupción, irregularidades, ni la más mínima desprolijidad, cuando se mirara para atrás, a la hora de evaluar las operaciones oficiales.
Lo preocupante fue cómo buena parte del Superior Tribunal de Justicia -actualmente en su punto más alto de falta de credibilidad, por diversos hechos, lo que no había sucedido nunca en estos más de 30 años de democracia- se plegó al Juego de la Oca impuesto por Urribarri y por sus funcionarios más cercanos. La prueba más evidente fue, precisamente, lo sucedido con la votación en torno al planteo de inconstitucionalidad formalizado en abril de 2014, exactamente un mes antes de que asumiera Guillermo Smaldone, por el ex senador provincial Juan Carlos Arralde (UCR-San Salvador) y que recién terminó de definirse la semana pasada. Arralde interpretó que Smaldone había llegado al TdC violando los principios constitucionales y, por ende, demandó al gobierno que respete lo que dice la nueva Constitución provincial. O sea, que el cargo fuera concursado y que no se haga como pasó con Smaldone: pliego al Senado y aprobación unánime en esa mesa grande y dominical que era la Cámara Alta monocolor del período anterior. En su presentación ante el STJ exigió que se declare "formalmente la inconstitucionalidad e invalidez" de la designación de Smaldone, y que se ordenara al Poder Ejecutivo la instrumentación de un sistema de concurso público.
El vocal Carlos Chiara Díaz fue el primero que votó a favor del planteo de Arralde y el único que definió su opinión en tiempo y forma. Chiara Díaz no solamente que cuestionó el nombramiento de Smaldone sin concurso previo, sino que hasta exigió que el alto funcionario dejara el cargo, no sin antes devolver todo el dinero que percibió en concepto de remuneración durante el tiempo que estuvo en el cargo.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS del jueves 16 de junio de 2016)
