Jorge Riani

Llegó el día que pocos esperaban y que casi nadie imaginaba. El día en que se puede decir que Sidecreer está fundida. Esa tarjeta que fue pensada para canalizar estatalmente las operatorias financieras que estuvieron históricamente en manos de comercios prestamistas que actúan bajo la denominación de “mutuales”, ahora debe salir a buscar plata. ¿Y dónde la busca? Entre los mismos prestamistas.

Por estas horas, la empresa Sidecreer está en boca de políticos, periodistas y, más que nada, de sus empleados. Cuando se escribía esta nota de ANÁLISIS, los trabajadores de la empresa estatal que maneja la tarjeta de crédito entrerriana llevaron al recinto de la Cámara de Diputados su incertidumbre y preocupación. “No a la privatización” y “No vendamos Sidecreer” decían algunos de los carteles que sostenían los trabajadores mientras se desarrollaba una sesión. En el recinto, entre los actuales empleados, hasta había familiares directos de Canosa protestando.

Lo cierto es que Sidecreer, un negocio redondo que estaba en manos del Estado ahora está quebrada, como producto de las operaciones comerciales que tuvieron como eje los negociados en beneficio de quienes ocuparon altos cargos en la empresa estatal. De ese modo, no es raro que la empresa adelgazara su situación económica, patrimonial y financiera al ritmo en que sus directivos la engordaban para sí.

Sidecreer pasó a ser una empresa empobrecida con funcionarios cada vez más ricos. Por estos días, los diputados que se hicieron eco de la situación que plantean los empleados de la empresa que emite la tarjeta de crédito estatal, dicen que citarán a los responsables de que se haya llevado a Sidecreer a esa situación.

Y todos piensan en un nombre: Juan José Canosa. Se trata del abogado que ingresó al mundo del funcionariado provincial siendo muy joven, en 2003, de la mano del entonces ministro de Gobierno, Sergio Urribarri. El primer cargo de importancia que tuvo fue el de secretario Legal y Técnico de la cartera que manejaba quien luego sería gobernador por dos períodos. Fue una especie de premio que le dieron, por su voluntad para hacer "tareas de inteligencia" sobre el entonces intendente de Gualeguaychú, Daniel Irigoyen y embarrarle la cancha en torno a la causa por defraudación cometida por el ex tesorero de la comuna, denunciado y condenado.

(Más información en la edición gráfica número 1052 de la revista ANALISIS del jueves 8 de diciembre de 2016)