Luis María Serroels
(Especial para ANÁLISIS)
Aunque para algunos pueda resultar recurrente, el sólo hecho de introducirse en el pensamiento y el corazón de las víctimas justifica la insistencia. Si ANÁLISIS –medio que destapó varias ollas fétidas donde se cocinaban acciones aberrantes condimentadas con un silencio protector de la alta jerarquía eclesiástica- se alejara del compromiso inicial, estaría abandonando un precepto básico del periodismo asumido como servicio: verdad sin retaceos, denuncia sin miedo y honestidad intelectual como sostén.
En los últimos días se produjeron hechos que exacerban el dolor y la indignación y que exceden a víctimas y familiares porque resultan altamente irritantes para la sociedad en su conjunto.
Una trilogía de hombres con hábitos religiosos, pero además con malos hábitos morales, han hecho tambalear a la iglesia católica en territorio provincial. Justo José Ilarraz, Marcelino Moya y Escobar Gabiria, fueron las figuras que se dedicaron a cometer abusos sexuales en distintas circunstancias y sitios pero unidos por el grado de aberración que ello implica. Y también por la forma en que la superioridad intentó evitar las consecuencias, olvidando que no es la elusión de los hechos sino el ejemplar y público castigo lo que garantiza el prestigio de las instituciones.
El pasado mes de mayo se conocieron nuevas declaraciones del Papa Francisco referidas a su proyecto de crear tribunales para juzgar abusadores, revelando que “hay dos mil procesos amontonados (…) de curas acusados”.
El pontífice lamentó la renuncia de la irlandesa Marie Collins –víctima en su infancia de abusos por parte de un clérigo-, como miembro de la Comisión para la protección de menores creada por el Vaticano y que acusara a la Congregación para la Doctrina de la Fe de crear obstáculos para las decisiones de Jorge Bergoglio.
“Es devastador en el año 2017, ver que hay hombres que aún pueden anteponer otras preocupaciones a la seguridad de los niños o de adultos vulnerables”, expresó la mujer en su dimisión.
El Papa recordó que además de los procesos radicados en la justicia penal, los sacerdotes acusados afrontan procesos eclesiásticos con normas del derecho canónico que desarrolla la regulación jurídica de la iglesia católica y cuyo Tribunal de Alzada es la Congregación de la Fe. Precisamente la presentación ante los tribunales ordinarios es lo que no hizo la curia paranaense cuando debió hacerlo y ello quedó al descubierto tras la publicación de ANÁLISIS en setiembre de 2012. En camino a cumplirse un lustro de ello, aún no hay fecha precisa para el juicio oral, sometido a chicanas como ocurre con otros dos casos de no menor gravedad.
(Más información en la edición gráfica número 1062 de la revista ANALISIS del 6 de julio de 2017)
