Silvio Méndez
En la tarde del martes 21 de noviembre, frente a Casa de Gobierno de Entre Ríos, se realizó una impactante manifestación para decir “basta” a un modelo de agroproducción en base al uso de agroquímicos. La convocatoria fue motorizada por organizaciones ambientalistas de toda la provincia, junto con gremios, agrupaciones políticas y sociales.
Con la explanada de la Casa Gris de fondo, un nutrido grupo de manifestantes observó distintas expresiones artísticas –danza, performance y batucada–, así como escuchó atento a distintos referentes que hicieron uso de la palabra. Las alocuciones giraron en torno a visibilizar los graves problemas que acarrea el uso de pesticidas como parte de un paquete tecnológico que entraña el modelo de cultivo con semillas transgénicas. Escuelas fumigadas, una alta tasa de cáncer en poblaciones vinculadas con la siembra intensiva de soja, distintas incidencias negativas en la salud humana –enfermedades alérgicas y respiratorias–, y el alto impacto en el medio ambiente fueron algunos de los efectos nocivos mencionados como producto del uso descontrolado de los agroquímicos.
La idea en principio era que la protesta se hiciera oír en la reunión que la Cámara de Diputados tenía pautada para ese día, pero inesperadamente unas horas antes de que se realizara la concentración la sesión se levantó.
En rigor, la actitud de los legisladores no debiera sorprender, ya que a lo largo de estos años –por lo menos en los últimos tres mandatos constitucionales–, diputados y senadores, han rehuido sistemáticamente a tratar y dar un marco regulatorio para el uso de estos venenos agrícolas en el territorio entrerriano.
El último intento por arribar a un esquema normativo acorde a estos tiempos es reciente, cuando una comisión bicameral de la Legislatura entrerriana presentó un anteproyecto de la denominada Ley Fitosanitaria, con la que se aspiraba reemplazar la antigua Ley de Plaguicidas Nº 6.559 del año 1980.
El anteproyecto iba a ser enriquecido y debatido a lo largo de este año, luego de que en abril se presentara en la ciudad de Villaguay un borrador para consulta pública de los interesados. Tras las elecciones de octubre, con los ajustes necesarios, iba a ser sancionada la ley. Incluso en septiembre pasado, el senador Ángel Giano (PJ – Concordia) había declarado entusiasmado que el texto definitivo estaba “consensuado en un 95%”, pero nunca más se tuvo noticias.
(Más información en la edición gráfica número 1071 de la revista ANALISIS del jueves 23 de noviembre de 2017)
