Natalia Buiatti
Mientras sucedió, nadie decidió prestar atención a las laceraciones de esos niños vulnerables.
Cuando Ilarraz arrinconó a los pequeños seminaristas en su habitación, cuando se les metió de noche en la cama, cuando los encerró de a uno en su dormitorio, cuando los manoseó, cuando los desnudó, cuando los abusó sexualmente, cuando los abusó psicológicamente con extorsiones o generando divisiones entre ellos… Nadie, ningún adulto del Seminario de Paraná, tuvo la valentía suficiente de frenarlo.
Cuando el dolor provocado por Ilarraz fue tal y algunos de esos chicos comenzaron a contar lo que habían vivido, nadie, ningún adulto del Seminario decidió acudir a la familia de esos niños para informar lo sucedido.
Cuando el problema se tornó en una dimensión indomable, se ordenó un sumario interno. Pero nadie, ningún adulto del Seminario tuvo la valentía de denunciarlo en la justicia.En el mejor de los casos se invocó el derecho canónico. En el peor de los casos se optó por el descreimiento.
¿Y después? Después se expulsó a Ilarraz de la Diócesis y se le prohibió volver. Algunos de esos niños se convirtieron en sacerdotes, otros se alejaron del Seminario y, sabrá Dios cómo sobrellevaron tanto daño.
Los abusos sexuales de Ilarraz se taparon en la Iglesia de Paraná y en el Vaticano. Se ocultaron, se escondieron como tantos otros casos -algunos ya salieron a la luz y otros no-. Con Ilarraz lejos y las víctimas silenciadas, fue como hacer un pase mágico y diluir el problema, desaparecerlo. Así como se intentaron desaparecer algunos sistemas de ideas en las épocas más oscuras del país. Así, la Iglesia puso a andar toda su maquinaria de encubrimiento y lo logró.
El arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari, uno de los responsables de ese silencio institucional, el lunes 21 de mayo de 2018 anotó un triunfo: logró sortear un grave caso judicial sin ir ni una sola vez a un despacho de la justicia, y salió completamente airoso de cualquier responsabilidad penal.
Todo el peso de la ley cayó sobre Ilarraz, como correspondía desde hacía muchísimos años. Pero quienes fueron sus cómplices, salieron sin pagar las cuentas que tienen con la sociedad.
La justicia
Con la condena a Ilarraz, el Poder Judicial entrerriano tomó una posición clara y sentó un precedente. La mayoría de las personas que en esta provincia intervinieron en la causa y tienen poder de decisión penal, se pronunciaron en contra de la prescripción de los delitos endilgados al cura. Sucedió el lunes durante el veredicto, como venía pasando desde septiembre de 2012, cuando por decisión del procurador General Jorge García, se abrió de oficio la investigación.
Las denuncias contra Ilarraz encuadraron en el Artículo 125 del Código Penal, que refiere a la Corrupción de menores. Ese apartado penal indica que “cualquiera fuese la edad de la víctima, la pena será de reclusión o prisión de 10 a 15 años cuando mediare engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimidación o coerción, como también si el autor fuera ascendiente, cónyuge, hermano, tutor o persona conviviente o encargada de la educación o guarda”.
(Más información en la edición gráfica número 1078 de la revista ANALISIS del jueves 24 de mayo de 2018)
