Por Nahuel Maciel
(Desde Gualeguaychú, especial para ANÁLISIS)
Ya no goza de la gloria de antaño, cuando era requerido por distintas instituciones educativas y culturales para ilustrar sobre un determinado tema.
Ya no goza de la atracción de otras épocas, cuando los púberes y adolescentes lo seguían casi como “el líder de una hermandad”, que los hacía participar de rituales íntimos y secretos… casi de iniciación.
Ya no goza de prestigio como abogado entre sus pares, ni tampoco sus pares de la matrícula, ni los magistrados lo convocan para animar sus fiestas privadas, cumpleaños o aniversarios como otrora.
Ya no goza del reconocimiento público, ni es merecedor de ese saludo respetuoso que se le brindaba por donde pasara.
Marginado por muchos, ahora sin acceso a grupos de adolescentes, esquivado por colegas y siendo receptor de una condena social que va creciendo, el abogado Gustavo Rivas sabe que está cada vez más cerca el día que deberá rendir cuentas en el banquillo de los acusados.
Está imputado del delito de promoción de la corrupción y de la prostitución a menores de edad. Uno de los delitos más detestables que dimensiona hasta dónde el ser humano se convierte en lobo depredador de su propia especie.
El 27 de julio del año pasado la Revista ANÁLISIS publicó un extenso informe sobre “los abusos del doctor”, donde se dio cuenta del despliegue que hizo con absoluta impunidad por lo menos durante cuarenta años en Gualeguaychú: primero abusando de los hijos de sus amigos más íntimos, a quienes elegía cuando se sentaba a cenar en esa mesa familiar; luego a los amigos de esos hijos “seleccionados” de entidades deportivas y educativas; y más tarde, sin límites ni escrúpulos, de manera generalizada.
Ese mismo día se abrió de oficio el legajo N° 4.609/17 por parte de la fiscal Martina Cedrés, quien llevó adelante una ardua labor en la Investigación Penal Preparatoria (IPP), que desembocó el 22 de agosto pasado –trece meses después- con el requerimiento de elevación a juicio presentado ante el juez de Garantías y Transición.
En total fueron doce víctimas quienes lo denunciaron (se dejaron de recibir denuncias para no dilatar más los tiempos); el legajo contiene el aporte de más de 120 testigos; además de una voluminosa prueba documental, donde están incluidos los videos procesados por Inteligencia Criminal de la Policía de Entre Ríos; fotografías y diapositivas explícitas de situaciones grupales de directa connotación sexual, junto con otros elementos secuestrados en la casa del imputado, también de claro contenido sexual.
La figura legal es la de promoción de la corrupción de menores de edad y la promoción de la prostitución de menores de edad, de acuerdo a los Artículos 125°; 125° bis y 126° del Código Penal; en concurso real y con una pena solicitada por el Ministerio Público Fiscal de 25 años.
Rivas atraviesa este proceso en libertad, aunque con medidas de restricción como la de no ausentarse de Gualeguaychú y Pueblo General Belgrano sin el permiso de la Justicia.
Por consejo de su abogado defensor, Raúl Jurado, en cada una de las doce imputaciones se ha refugiado en su derecho constitucional de no declarar.
Las víctimas
En total fueron doce las víctimas que denunciaron a Rivas, cuyo relato se encuadra en el delito de corrupción y prostitución de menores de edad. Casi todas las tenían al momento de los hechos denunciados entre 13 y 17 años; aunque también hay casos de púberes de 11 y 12 años.
La otra coincidencia entre ellos es que todos manifestaron haber ido a los domicilios de Rivas (su actual residencia de calle Mitre 7; la casona familiar de Urquiza 541 y su casa de descanso en 30 de Marzo y Larroque de Pueblo General Belgrano) en grupo, nunca de manera individual.
(Más información en la edición gráfica número 1084 de la revista ANALISIS del jueves 30 de agosto de 2018)
