Por Ayelen Waigandt
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Verónica Galeano es abogada. Vivía y trabajaba en Corrientes capital hasta que –paradojas de la vida- se enamoró y convivió con un hombre que la sometió a episodios de violencia de género, pese a haberse dedicado durante 21 años a defender a mujeres víctimas de este flagelo. La única forma que encontró para poder salir de la situación y superarla fue mudarse a Entre Ríos. “Dejé 21 años de trabajo en Corrientes, donde estaba posicionada, tenía amistades, y una vida armada. Mis padres viviendo en Corrientes y yo en su casa protegida por ellos, cosa que a no todas las mujeres les sucede”, dice sin tapujos ni vacilaciones al contarle a ANÁLISIS su cruda experiencia.
“Por mi experiencia de haber trabajado en instituciones de ayuda a mujeres que sufren violencia tenía el conocimiento de que hay que armar una red de contención. Así fue que gracias a mis padres que tenían un departamento en Paraná pude salir de esa situación. Pero no todas las mujeres tienen una familia que las contenga y no todas comentan lo que les sucede”, agrega.
Desde lo jurídico, existen en el país un Código actualizado y una ley de violencia de género que obliga a la actuación ante la denuncia de una mujer; hay Comisarías de la Mujer que “actúan muy bien”, hay Juzgados con Secretarías de violencia tanto a nivel provincial como nacional desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación que están abocadas al tratamiento de todas las situaciones de violencia contra la mujer y aún así –alerta Galeano- “la situación de indefensión en la que se encuentran las mujeres supera cualquier medida que se pueda otorgar o brindar desde la Justicia”.
En el marco de esta problemática hay diversas situaciones a tener en cuenta. Entre ellas, la falta deinfraestructura en lo social y en lo económico para sostener medidas de protección que sí existen en otros países de Europa, por ejemplo, como los cambios de identidad, la protección a testigos y familias, y la presencia de instituciones que cobijan y amparan a las mujeres hasta que pasa la peligrosidad. No obstante, Galeano asegura que “el peligro no se acaba nunca”.
“Se puede paliar la situación cuando la mujer se va del lugar de residencia del violento, como en mi caso particular. Pero yo tenía la posibilidad y los medios económicos; hay muchas otras mujeres que no los tienen”, lamenta.
Sabido es que la violencia de género no es solamente física, sino que también actúan la violencia verbal, económica, social, psicológica. “El hombre violento actúa en diferentes ámbitos y a medida que va acaparando el miedo de la mujer, va ampliando su red de violencia. Va probando cuál es la violencia que resulta más efectiva para generar miedo y sometimiento, y cuando el hombre tiene poderío económico, el sometimiento es mayor aun. A veces es más terrible esa violencia que va cortando relaciones y actúa con sostenimiento económico que la violencia física”, describe la abogada.
“En aquellos que ejercen la violencia verbal o económica, más tarde o más temprano también surge la violencia física, porque una vez que la mujer decide cortar el vínculo que la somete, el violento no se resigna y ahí surge la violencia física, que incluso hasta llega a matar”, explica.
En el caso que nos ocupa, la manipulación no pasó tanto por lo físico sino más bien por lo económico y lo psicológico. “El marido tiene un poderío importante en lo económico que siempre usó para valerse de ella, y al ser el único sustento familiar se siente poderoso porque tanto la mujer como la familia dependen de él para la sobrevivencia alimentaria y de vivienda”, cuenta Galeano.
La mujer de esta historia, a la que simplemente se identifica como C. para resguardar su intimidad y la de sus hijos menores de edad, tiene una profesión y un título, pero el hecho de estar permanentemente trasladándose con el marido a distintos países no le ha permitido ejercer. “Esos movimientos internacionales de la familia quizás tengan que ver con esto, no sólo con que han significado un crecimiento importante en su carrera profesional sino que han implicado un desmedro de la profesión de ella y una dependencia mucho más absoluta”, alerta la abogada.
A esto se suma un detalle más grave aún: la violencia del hombre se replica en la violencia del sistema judicial que desoyó las denuncias de violencia de la mujer, obligándola a transitar un largo y doloroso camino sin encontrar respuestas para ella y obligándola a entregar a sus hijos a manos del marido violento.
Un caso testigo
Tras la disolución del matrimonio, C. viajó a Argentina con autorización de su ex marido para pasar las fiestas de fin de año y las vacaciones junto a sus dos hijos pre-adolescentes y, aunque debía volver a Perú, presentó un pedido de tenencia y de autorización para quedarse en el país, ante el abandono del hogar de parte de su ex. Sin embargo, esa presentación judicial chocó contra un pedido de restitución internacional de los hijos que el hombre presentó desde Perú y al que el Juzgado de Familia N°4 de Paraná a cargo de Claudia Lafferriere hizo lugar ordenando el regreso de los menores.
Antes de llegar a la Argentina, C. había realizado denuncias en Perú contra su marido, una de ellas por abandono de hogar dejando a la familia sin posibilidad de sustento, y otras por violencia de género. También había presentado una solicitud de cuota alimentaria que, pese al fallo favorable que ya tiene casi un año,no puede cobrar por trabas burocráticas y jurídicas.
Y acá aparecen la violencia y el machismo inmersos en el sistema social y judicial. “En Perú, la justicia actúa bastante frente a la violencia y hasta quizás sea un poco más expeditiva que en Argentina, pero por otro lado la sociedad es muy machista; las mujeres siempre ven restringidos sus derechos y cuando el hombre hace algún planteo actúa siempre más rápido en favor del hombre”, critica Galeano.
Del mismo modo, “tampoco Argentina pudo proteger a mi clienta porque cuando se genera un pedido de restitución internacional, más allá de cualquier planteo que pueda hacer la mujer, la justicia argentina en general hace lugar al pedido internacional para no generar conflicto con otro país, máxime si es un país de América Latina y en este caso está en el Mercosur”, explica la abogada que también advierte que “las cosas pudieron haberse hecho mejor”.
“Queda clara la desprotección que tenemos las mujeres, tanto judicial como policial, desde el simple hecho que no se logra que la defensa sea la adecuada en el momento oportuno”, acota.
También marca su disidencia con la determinación de la jueza de haber ordenado la restitución: “Se podría haber planteado si la provincia era competente para resolver una cuestión internacional. No sé si la provincia estaba apta para resolver la cuestión de una restitución internacional y quizás era un planteo que tendría que haberse resuelto a través de un Juzgado Federal o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En esto hubo una falla técnica, pero también de los jueces que podrían haber declarado la incompetencia, mientras que en contrario hubo un juez que se abocó, y que se quiso tomar y resolver la cuestión”.
Además, “todos los integrantes de la familia son ciudadanos argentinos y la Corte Suprema podía accionar y optar por el uso de la ley argentina sin que eso genere malas relaciones con el otro país. Todos los países tienen legitimidad de hacer uso de la ley más beneficiosa que generalmente es la propia. Estas cosas que tienen que ver con el tecnicismo legal quizás podrían haberse tratado de otra manera”. Y otra vez, el machismo del sistema y la violencia institucional pudieron más.
Por el pedido de restitución,hubo una sentencia condenatoria de primera instancia en contra de la mujer, una sentencia de segunda instancia de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial también desfavorable, un recurso ante el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos denegado y un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación denegado.
Ante eso, lo único que quedaba era cumplir la sentencia y que los chicos volvieran a Perú, pesea la negativa y desesperación de la mujer y de los mismos chicos que nunca fueron escuchados, ni por los equipos técnicos ni por la jueza, como ya denunció ANÁLISIS en su edición del 9 de agosto. E increíblemente, si la mujer se negaba a restituir los chicos podía recaerle una sanción legal e incluso hasta quedar presa.
Es así que los menores debieron partir previo lograr un acuerdo entre los progenitores por el cual el marido debía hacerse cargo de pagar los pasajes a Perú y renovar la visa de familia para su ex mujer, proveerle una vivienda para habitar con los dos hijos y abonar una cuota alimentaria para el sostenimiento de esposa e hijos. El acuerdo se firmó ante la jueza Lafferriere pero que se incumplió ni bien el hombre puso un pie fuera de Argentina llevándose a sus hijos.
“Este acuerdo se logró en los papeles pero no lo podemos hacer cumplir en la práctica y la justicia no hace nada aduciendo que mi clienta debe accionar en Perú. Ella en este momento está en Perú totalmente desprotegida por las leyes de ese país y por las leyes argentinas, sin tener vivienda ni visa permanente sino solamente una visa de viaje, sin un lugar donde vivir y habitando de prestado en la casa de una amiga que le hace el favor de sostenerla y solventarla económicamente, y sin la posibilidad de tener contacto directo con sus hijos excepto un día a la semana”, revela la abogada.
“Seguimos teniendo una presencia machista en la legislación y en el sistema judicial, que sigue violentando a la mujer. En el Juzgado de Familia de Paraná donde tramitó la causa se demoró la posibilidad de obtener una copia certificada del expediente y plantean que nada se puede hacer, mientras el esposo incumple el acuerdo, negando que los chicos vivan con la mamá según se había pactado”, critica.
Luego de cambiar de representante legal, C. tiene la posibilidad de plantear un acercamiento con su ex marido. El consejo de su nueva abogada en Perú es que trate de hacer cumplir el acuerdo y la sentencia que se logró en Paraná, porque toda la situación se deberá resolver en Perú y no hay más nada que se pueda hacer en Argentina.
En absoluta soledad, encontró sostén enunas pocas amistades y en una Secretaría de violencia que tiene Perú, donde le brindan asistencia psicológica para poder superar esta situación tan clara de violencia que también le genera un gran estrés. “Desde lo emocional, todo esto es devastador porque no solo ha sido víctima de la violencia de su marido sino de todo el sistema judicial”, apunta Galeano.
Necesidad de cambio
Consultada sobre la forma de cambiar este entramado de violencia institucional, Galeano afirma sin dudar: “Hace falta conciencia y empatía”. “Si un juez no genera empatía con la situación y no ve la realidad de un niño, es poco lo que se puede hacer. Y en eso, los abogados de parte tenemos como obligación el poner muy en claro la situación para que el juez pueda verla”, explica.
De todos modos, aclara también que “el derecho es subjetivo y muchas veces tiene que ver con el modo en que cada persona lo ve. Cada uno tiene intelectualizada su visión del derecho y de la vida, y especialmente en las cuestiones de derecho de familia cuentan el conocimiento jurídico y la experiencia profesional, pero también la experiencia de vida, tanto del abogado como del juez”.
En cuanto a la legislación, asegura que “todavía nos falta mucho porque la ley de violencia de género es activa y hace que los Juzgados dictaminen resoluciones de protección, como la prohibición de acercamiento, pero el problema es cómo las hacemos cumplir: no podemos tener un policía detrás de cada mujer víctima de violencia que la pueda ayudar cuando la persona violenta decide romper la medida”.
“Argentina avanzó mucho y dentro de los países limítrofes es –quizás- el más avanzado en materia de legislación, pero la ley a veces parece utópica porque protege bien pero también hay un sistema que impide su cumplimiento. Esto también es una cuestión de cultura y de educación, y tal vez necesitamos que a esta persona que incumple o no hace caso de las medidas de prohibición o restricción de acercamiento tenga prisión por un tiempo prolongado y efectivo, para que sepa que si incumple tendrá una sanción grave. Tal vez somos muy leves en aplicar sanciones a quienes incumplen medidas judiciales”.
“Si no podemos hacer entender que las leyes son de cumplimiento obligatorio cómo hacemos para salvar vidas. Y esto se relaciona con el sistema económico y el nivel socio cultural de cada país. Si no bajamos el nivel de indigencia y analfabetismo y no tenemos mejor educación no podemos pretender que las leyes sean cumplidas en su totalidad”, concluye.
(Más información en la edición gráfica número 1086 de la revista ANALISIS del jueves 27 de septiembre de 2018)
