Carbonell recibió en su despacho a ANÁLISIS en el mediodía del miércoles 27 de mayo. En una Paraná “movilizada” por el distanciamiento social, preventivo y obligatorio de la cuarentena para evitar la propagación del coronavirus y al mismo tiempo en una provincia con expectaciones, preocupaciones, atenciones y curiosidades por esta experiencia colectiva inédita que “ha generado algunos cambios significativos, que seguramente llegaron para quedarse”, como lo reflexiona el propio entrevistado. En esta charla, el alto magistrado habló del juicio por jurados y la necesidad de modificar integralmente la Ley Orgánica del Poder Judicial, entre otros temas.

Nahuel Maciel

Su actividad previa a la entrevista con ANÁLISIS la desarrolló en la Legislatura, cuando se reunió con varios diputados y el procurador Jorge García y el defensor general Maximiliano Benítez, para analizar una propuesta de cambios en la Ley de Tasa de Justicia. Luego de ese encuentro, llegó a su despacho. Se reunió con su secretaria que lo puso al corriente de las últimas novedades y recibió a ANÁLISIS, en una entrevista donde repasó conceptos clave del servicio de Justicia, pero también profundizó sobre algunos aspectos cuya resolución es un largo clamor por parte de la sociedad.

En el escritorio del presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Martin Carbonell son visibles las huellas de una tarea donde la gestión administrativa intenta monopolizar todos los tiempos. Pero es un espacio de trabajo despojado de distracciones, como si sólo hubiera lugar para expedientes.

La entrevista duró aproximadamente una hora y media, donde se abordó la gestión en la conducción, pero también las necesidades que son parte de la realidad “de la Justicia” y que a veces exceden al Poder Judicial mismo. El estado (calamitoso) de las unidades penales, la necesidad de poner en funcionamiento el Juzgado de Penas y Medidas de Seguridad de Concordia; fueron algunos de los planteos. Pero también la necesidad de dotar de mayores especializaciones al Ministerio Público Fiscal, porque la complejidad de los delitos así lo amerita. Al respecto, indicó que entiende el reclamo por la demora en muchas causas por corrupción; pero también señaló que comprobar el delito contra la administración pública es una de las tareas más complejas para cualquier investigador.

Referenció también que el concepto de condena perpetua es confuso, porque toda condena debe ser con tiempos visibles y concretos, no importa si es un año o cien; pero tiene que ser en un lapso mensurable.

Admitió las múltiples necesidades de la Justicia, pero también valoró el esfuerzo que se ha hecho para que, por ejemplo, cada 50 kilómetros, se cuente con una referencia judicial a través, de los jueces de Paz, cuya competencia ahora se extiende a hechos vinculados con la violencia de género.

También reconoció que haber creado el Juicio por Jurados en este contexto de carencias presupuestarias será un desafío. “Pero era una deuda constitucional”, valorará y agregará para que nadie se haga el distraído: “Este año tenemos casos de femicidios que deberían ser analizados por un Juicio por Jurados. La ley no es una opción, sino una obligación”.

Por último, coincidió con el diagnóstico del gobernador Gustavo Bordet en el sentido de que es necesario modificar integralmente la Ley Orgánica del Poder Judicial, “porque atrasa décadas”. Al respecto fue consultado si dicho cambio puede hacerse con los mismos protagonistas. Su respuesta no se hizo esperar y marca también las urgencias de estos tiempos: “Entiendo que las nuevas generaciones están, como ha sido siempre a lo largo de la historia, empujando para tener su lugar. Me parece que todo cambio como el que estamos abordando implica también un cambio generacional”.

(Más información en la edición gráfica número 1111 de la revista ANALISIS del jueves 4 de junio de 2020)