En los últimos quince años, hubo un lote importante de personas fallecidas que siguieron cobrando sin interrupción su jubilación mensual. En principio se encontró un grupo de 80 jubilados, pero serían muchos más, según supo ANÁLISIS. De esa primera lista, surge que significaban un egreso de 2,5 millones de pesos mensuales a la quebrada Caja de Jubilaciones. La mayoría son de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Se busca determinar si hubo fallas en el sistema o fueron desvíos organizados sistemáticamente, para bolsillos de unos pocos. La situación habría sido clave para el pedido de renuncia a Daniel Elías.
Daniel Enz
La historia arrancó a mediados de mayo de este año, a escasas semanas del inicio de la cuarentena por el avance del Covid19, pero se escondió bajo siete llaves porque se sabía que era una información sensible e impactante. En el IOSPER, detectaron que un lote importante de personas fallecidas seguía con el beneficio de la obra social. Cuando profundizaron al respecto, notaron que la situación era más grave de lo pensado: eran todos jubilados muertos, la mayoría de ellos con domicilio fuera de Entre Ríos, donde “alguien” cercano a cada una de las personas seguía percibiendo la remuneración pertinente, pese a estar bajo tierra.
Cuando en el IOSPER miraron un poco más profundo notaron que en el padrón aparecían por lo menos 80 casos, muchos de ellos desde 2013 (aunque algunos eran de diez años antes) y que representaba para la Caja de Jubilaciones algo así como 2,5 millones de pesos por mes, que iban para gente no determinada que percibían beneficios por alrededor de 40 mil pesos mensuales. “Son algo así como 30 millones de pesos anuales que llevaba ese mecanismo”, se indicó. El Registro Civil había informado en su momento al IOSPER que tales personas habían fallecido, pero en la Caja de Jubilaciones seguía figurando y por ende se exigía el aporte de la obra social.
--¿Pero aparecían casos de años anteriores? -preguntó ANÁLISIS.
--Entiendo que el mecanismo venía llevándose a cabo desde 2003. Hay dos casos de ese año y luego otro nombre en el 2004 -se explicó.
El caso de 2003 es de la ciudad de Colón; el restante, de Federal. No obstante, la mayoría de los muertos vivos son de Capital Federal, Córdoba, Santa Fe y lugares de la provincia de Buenos Aires. Los más salientes eran dos jubilaciones mensuales por 143.622 pesos y otro de 113.759 pesos. El primero estaba fallecido desde el 24 de julio de 2009; el restante, el 15 de junio del mismo año.
Hay quienes sostienen que el gobernador Gustavo Bordet estalló de bronca cuando le llegó la documentación y le comentó al fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, que había que disponer urgente una investigación y que desde el organismo de Andrés Pazos y Corrientes había que dar una respuesta. También fue notificado de la situación el ministro de Economía, Hugo Ballay.
No pocos pensaron que los días de Daniel Elías, a partir de esta situación, estaban contados, porque la bronca era demasiado grande. Que esta vez no iba a tener retorno. No iban a alcanzar con sus 16 años de permanencia al frente del organismo previsional (desde inicios de 2004); ni con su reconocimiento nacional en el tema jubilatorio ni con los cientos de miles de seguidores en las redes sociales, como Instagram o Tik tok, donde cada semana, aparece bailando junto a sus hijos -tanto en su coqueta residencia de Paraná como en su aún más preciada casa en Nordelta, en el Tigre-, lo que también traía dolores de cabeza en el Poder Ejecutivo, en medio de la peor crisis de la caja entrerriana y las interminables quejas de los jubilados, más aún con la emergencia declarada en la provincia y los descuentos pertinentes.
(La nota completa en la edición 1114 de la revista ANALISIS del jueves 17 de septiembre de 2020)
