Andrés Harfuch es uno de los principales impulsores de la implementación del juicio por jurado en el país. Durante una visita a Paraná en febrero de este año había vaticinado ante ANÁLISIS que los primeros juicios bajo esta modalidad en Entre Ríos serían en el segundo semestre del año. Pandemia de por medio, destaca hoy que la provincia “ha sido un ejemplo de planificación ordenada, determinada y continua”. También opina sobre las jubilaciones de privilegio y la reforma judicial que hace falta, y asegura que la designación como embajador del ex gobernador Sergio Urribarri “no impide que los juicios por corrupción se sigan sustanciando”.
Ayelen Waigandt
Es director del Centro de Juicio por Jurados y Participación Ciudadana del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP); miembro de la Junta Directiva de INECIP y vicepresidente de la Asociación Argentina de Juicios por Jurados. Además es docente de derecho penal, procesal y criminología de la Facultad de Derecho de Buenos Aires desde 1999; defensor General de San Martín, provincia de Buenos Aires; autor de numerosas publicaciones y férreo impulsor de la implementación del juicio por jurado en el país.
Andrés Harfuch, fue quien acompañó el diseño del proyecto de juicio por jurado que el año pasado el Ejecutivo provincial envió a la Legislatura entrerriana y se aprobó por unanimidad.
A fines de febrero estuvo en la Cámara de Diputados de Entre Ríos encabezando una jornada de sensibilización para agentes públicos y brindó una capacitación exclusiva para abogados. Tras 8 meses de pandemia y habiendo comenzado el primer juicio por jurado en Entre Ríos, dialogó con ANÁLISIS.
- ¿Cuándo comenzó a implementarse el juicio por jurado en Argentina?
- En 2005 en Córdoba; y en 2011 Neuquén sancionó su ley de juicio por jurados, que es un sistema muy parecido al que se ve en las películas norteamericanas donde 12 ciudadanos deliberan solos y deciden culpabilidad o inocencia después de escuchar todo un juicio. Después vino el gran boom en provincia de Buenos Aires y se sumaron Mendoza, Río Negro, Chaco y San Juan. Entre Ríos que está en pleno proceso de inicio y Santa Fe donde la ley tiene media sanción. Hay como un efecto cascada en el país.
- ¿Con qué se encontró en Entre Ríos?
- Con un interés muy grande, y un entusiasmo aún mayor ante algo que es literalmente una revolución para el Poder Judicial: que los ciudadanos vengan a ser protagonistas de los juicios y a decidir ellos. Esto es algo que va a contribuir muy grandemente a que el Poder Judicial en Entre Ríos sea cada vez más abierto, más democrático, más transparente, más comprensible para la ciudadanía.
A pesar de la pandemia que se dio en todo el mundo la planificación no se detuvo, se fue adaptando al aislamiento y el proceso continuó en la provincia, con todo el programa de implementación, sorteo, notificación de los jurados. Entre Ríos ha sido para el país un ejemplo de planificación ordenada, determinada y continua, y por ello habrá por lo menos tres juicios antes de fin de año.
- ¿Cómo se produjeron las capacitaciones durante este tiempo?
- Durante todo el coronavirus se siguieron haciendo todos los cursos y capacitaciones por Zoom, como estaba planificado pero de manera virtual, aunque la capacitación debe ser continua y constante. Cuesta porque, por regla general, los abogados o las personas que han sido designadas jueces, fiscales y defensores están con tanto trabajo que encima tener que dedicar tiempo a capacitarse hace que a veces lo eludan, no lo puedan hacer y hasta no tienen interés en hacerlo, pero lo cierto es que en la provincia hubo una muy buena respuesta. Se verá ahora cómo se desempeñan en el desarrollo de los juicios por jurados pero somos muy optimistas.
(La nota completa en la edición 1116 de la revista ANALISIS del jueves 12 de noviembre de 2020)
