El juez de Garantías de Federación Sergio Rondoni Caffa, elaboró una extensa resolución, tras un pedido de medidas de protección para una joven de Federación que había denunciado a su abusador. La fundamentación de la decisión -que tuvo vigencia por 60 días-, contempló consideraciones tales como: “Si se habla de tratados internacionales, la violencia de género es tanto para mujeres como para hombres”.
Natalia Buiatti
La historia de abusos que sufrió Delfina durante su infancia fue narrada en el sitio ANÁLISIS el 31 de enero de 2020. Se contó en esa primera publicación que su primo, José Armando Marote, la abusó cuando tenía 5 años. Se animó a denunciarlo los primeros días de 2019, cuando ya habían pasado unos 25 años. El trayecto hasta la oficina de dos fiscales que la escucharon, fue largo y doloroso. Delfina tuvo una infancia muy difícil y una adolescencia aún más compleja. En algún punto, la vida se le hizo demasiado oscura. Los tropiezos aparecieron en la preadolescencia y se repitieron por años largos. Su padre biológico y su mamá adoptiva la acompañaron, le brindaron asistencia psicológica y psiquiátrica. Tal vez eso haya sido uno de los aspectos fundamentales que, en ese momento, la terminó sacando a flote.
Después, la militancia, el trabajo, el estudio y las terapias la llevaron hasta la sede judicial de Federación. Llegó a Fiscalía y consiguió que la escucharan. Contó el infierno que había vivido. Recordó que su primo la ultrajaba siendo una niña pequeña. Ofreció como prueba el testimonio de algunos familiares, el testimonio de quienes habían sido sus psicólogos, se sometió a una pericia psicológica, presentó numerosas capturas de pantalla de chats en Facebook y WhatsApp, en los que años antes le había recriminado a su abusador y a su otro primo.
Se sintió fortalecida y tuvo la esperanza de conseguir justicia. En agosto de ese año -2019- hubo una audiencia que presidió el juez de Garantías, Sergio Rondoni Caffa. La instancia fue abierta a pedido de las fiscales Fanny Kern y Josefina Penón Busaniche. Solicitaron la remisión de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) a juicio oral, por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado y reiterado. El defensor de Marote, el abogado Ariel Monzón, se opuso al pedido de las fiscales y solicitó el sobreseimiento por prescripción o, en caso de concederse la demanda al Ministerio Fiscal, que Marote sea imputado por abuso deshonesto.
Finalmente, el juez dictaminó el sobreseimiento por prescripción. Pero se impusieron medidas de protección a la denunciante y la prohibición de acercamiento de su abusador. La Fiscalía apeló la sentencia por la prescripción al Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concordia. El 27 de agosto de 2019, el vocal Edwin Ives Bastian, confirmó el sobreseimiento por prescripción y no se pronunció sobre las medidas de prohibición de acercamiento que el juez de Garantías Rondoni Caffa había dictaminado.
Por otro lado, Delfina denunció el incumplimiento de las medidas que pesaban sobre Marote y Fiscalía pidió una nueva audiencia. En esa instancia que fue en diciembre de 2019, el juez intimó al denunciado. Pero poco después y sin que ninguna parte se lo haya solicitado, restringió a la joven y su familia a realizar cualquier tipo de pronunciamiento o manifestación sobre la causa, en la prensa, redes sociales o cualquier otro medio de comunicación. Libró un oficio a la denunciante para que ella y su familia que se abstengan de pronunciarse públicamente sobre la investigación, hasta tanto se resuelva de forma definitiva. Unos días después hubo una protesta que encabezó la propia joven con un grupo de mujeres en espacios públicos de Federación, los últimos días de diciembre de 2019. Denunciaron públicamente a Rondoni Caffa por la prohibición de expresarse sobre el caso.
(La nota completa en la edición gráfica 1127 de la revista ANALISIS del jueves 16 de diciembre de 2021)
