Natalia Buiatti
Hace dos días cerró el debate oral por presunta corrupción más importante de los últimos años en Entre Ríos. Un tribunal del Poder Judicial provincial, condujo el megajuicio que ventiló cinco causas por supuestos delitos de Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y fraude a la administración pública. Los imputados -trece personas entre quienes se cuenta al exgobernador Sergio Urribarri, dos exministros de sus gestiones, su cuñado Juan Pablo Aguilera, empresarios, empleados de gobierno, profesionales y otros familiares-, deberán esperar hasta el 7 de abril para conocer un veredicto.
No hay antecedentes en la historia judicial reciente de la provincia de un juicio así. Es un momento bisagra. Una instancia de definiciones que, hasta ahora, no se habían tomado. Si bien en Entre Ríos se llegó a debate oral y hubo condenas a dirigentes políticos por el desempeño en las funciones públicas, hasta ahora no se había dado lugar a que las investigaciones penales alcancen el centro del poder político. Tampoco se había dado lugar a que las investigaciones involucren a buena parte de un Gobierno, familiares de gobernantes y empresarios contratistas del Estado.
Se trata de un juicio importante, también, porque se ventilaron en simultáneo cinco causas por presunta corrupción; porque es un momento clave para la Justicia de la provincia que pivotea entre observar la gestión de dinero público con la lupa penal, o declararlo cosa del derecho administrativo. En cualquier caso habrá que ajustar los andariveles. Más allá de un debate oral que muestra el funcionamiento de las instituciones y la independencia de poderes, y eso se celebra.
Desde las denuncias o aperturas de Investigaciones Penales Preparatorias (IPP) de oficio, imputados y defensores dieron batalla en distintos planos. Trataron de impedir que las causas avancen y lleguen a juicio oral. No concurrieron cuando fueron citados por los fiscales para producir pruebas en el marco de las causas. Eso les dio pie para, posteriormente, intentar impugnar esas pruebas y pedir nulidades. Se opusieron a los requerimientos de elevación a juicio, apelaron las resoluciones judiciales, llegaron en queja al Superior Tribunal de Justicia (STJ) y a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). Cuando las causas fueron elevadas a juicio, pidieron la postergación del debate todas las veces que pudieron. Lo pospusieron cuatro veces y lo intentaron una quinta. Se llegó, en ese tren, a una escena cómica y absurda: que las partes que integraron el debate se sentaran en el salón de actos del palacio de tribunales a discutir si podían estar o no sentados allí para comenzar el juicio, por cuestión de la pandemia. Cuando finalmente inició, desplegaron cantidad de artilugios defensivos que tuvieron como objetivo desacreditar toda hipótesis acusatoria. Es el ejercicio de la defensa.
Por parte de los investigadores, habrá que atender mejor las garantías constitucionales de los imputados durante todo un proceso. Habrá que cuidar con más celo el modo en que se llevan adelante los allanamientos y secuestros de elementos. Habrá que ajustar los mecanismos para producir prueba. Habrá que desarrollar las fundamentaciones más acabadas en caso que se necesite acceder a datos privados de las personas investigadas.
Por parte de los defensores, es justo reconocer que en algunos casos se atravesaron límites de respeto, que se atacaron aspectos personales de los fiscales. Y no precisamente por la línea defensiva en el proceso de jury a la procuradora Adjunta y fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, apartada del megajuicio. Sino porque a los tres fiscales que llevaron adelante las investigaciones y la acusación, se los trató de “violentos”, se les ofreció explicarles el Código Penal, se los ridiculizó con imágenes verbales tales como: “Si en este momento salieran globitos de sus cabezas, dirían…”.
(La nota completa en la edición gráfica número 1128 de la revista ANALISIS del 24 de marzo de 2022)
