La Dirección de Áreas Naturales Protegidas de Entre Ríos comenzó a desandar un complejo proceso para reglamentar las leyes que protegen a cuatro grandes superficies naturales bajo resguardo en la provincia. Para la reserva de usos múltiples Humedales e Islas de Victoria hubo ronda de consultas, talleres y aportes de distintas instituciones. Se trata de un sector sensible que ha estado en el foco de la atención pública por los devastadores incendios, y que a su vez han desnudado las desaprensivas prácticas agrícolas, ganaderas, pesqueras y de divertimento en ese territorio. Cinco organizaciones socio ambientales elaboraron un articulado donde proponen que sólo se permitan producciones sustentables, incluida la extracción ictícola que en la zona actualmente se realiza para la industria. También plantean que se prohíba la minería de arenas silíceas, así como los eventos masivos vinculados a la cultura citadina, refiere el texto al que accedió ANÁLISIS, en relación a las polémicas fiestas electrónicas que la Municipalidad de Victoria autoriza de forma ilegal.
Por Silvio Méndez
Dentro del sistema de áreas protegidas, Entre Ríos posee cuatro grandes extensiones reconocidas por ley que no cuentan con sus correspondientes reglamentaciones, ni tampoco planes de manejo; esto es cómo en los hechos se las debe preservar.
Se trata de las reservas de los “Pájaros y sus Pueblos Libres”, de 700.000 hectáreas y que comprende humedales e islas de los Departamentos Gualeguaychú, Uruguay e Islas del Ibicuy (Ley Nº 9.718/2006); de los “Humedales e Islas de Victoria”, de 376.000 hectáreas (Nº 10.671/2019); de Parajes “El Gato” y “Lomas Limpias”, de 110.000 hectáreas en el Departamento Federal (Ley Nº 9.706/2006), que serían incluidas dentro del futuro Parque Nacional Selva de Montiel; y de “Paraná Medio” que abarca las islas y costa de jurisdicción entrerriana desde Diamante hasta La Paz, con una superficie aproximada de 80.000 hectáreas (Ley Nº 9.485/2003).
En el ambicioso plan para regularizar esta situación, la Dirección de Áreas Naturales Protegidas provincial, a cargo de Alfredo Berduc, abrió un proceso de intercambio con la sociedad civil. Comenzó la ronda para la reserva ubicada dentro del ejido de la ciudad de Victoria. Este sector en el Delta es quizás el que ha estado más expuesto en los últimos tiempos a raíz de los incendios que comenzaron a registrarse desde principios de 2019 y que se agudizaron con la bajante extraordinaria y prolongada del río Paraná. El planteo fue que de charlas y talleres surgiera la letra para el cuerpo del decreto reglamentario de la ley vigente, para que luego de fijarse “las pautas de lo que sí está permitido y lo que no”, se pueda avanzar en una hoja de ruta para el trabajo en el territorio, confió Berduc.
La modalidad fue tomada a partir de la experiencia llevada adelante para la elaboración del plan de manejo para las 243.126 hectáreas en Diamante del sitio Ramsar Delta del Paraná.
Pero, la tarea no es nada fácil. Las islas de Victoria se encuentran en un espacio amplio, con sectores de acceso dificultoso, atravesado por un corredor dinámico como la Ruta Nacional N° 174 que une a través del puente con la ciudad de Rosario y donde también confluyen distintos intereses vinculados a las explotaciones productivas que se habilitan el lugar.
El director de Áreas Naturales admite que ha intentado una instancia de participación para un territorio “con fuerzas en tensión cambiantes”. Cuenta que desde 2020 se comenzó con los debates para el decreto reglamentario, aunque desde algunas organizaciones sociales y ambientales se han manifestado críticas a cómo se han venido dando, ya que se han priorizado invitaciones a sectores vinculados a ganaderos, hacendados y propietarios de terrenos en las islas, señalaron a ANÁLISIS. Lo atribuyen a ciertas preferencias de la Municipalidad de Victoria, que ha sido la anfitriona de estos encuentros, y también es actora con intereses propios. La comuna tiene jurisdicción sobre las islas bajo tutela y mantiene a los tumbos un control que a veces se le va de las manos. En otros casos, como el de las fiestas electrónicas que se realizan al aire libre o carpas montadas a pocos metros del enlace vial, las aprueba. Estas fiestas tipo raves significan para la comuna un ingreso interesante para sus arcas, ya que recauda un 7 por ciento por cada ticket declarado por los empresarios rosarinos que organizan estos mega eventos de música y alcohol. El municipio victorense ha sido criticado por ONG locales y de Rosario que promueven la protección de los humedales porque habilita estos boliches en clara infracción a la Ordenanza –número 2.472– que lo prohíbe por las restricciones al “uso de suelo” en el sector.
(La nota completa en la edición gráfica número 1130 de la revista ANALISIS del viernes 27 de mayo de 2022)
