El Consejo de la Magistratura de Entre Ríos necesita lentes nuevos para observar los antecedentes, exámenes y entrevistas en algunos concursos. Eso, pese al lavado de cara que se hizo con los nuevos integrantes y la flamante legislación que lo modificó. En este informe, detalles llamativos sobre puntajes, resoluciones, y las respuestas oficiales.

Natalia Buiatti

El Consejo de la Magistratura debería ser la joya del sistema institucional entrerriano. Un organismo dedicado a evaluaciones y selecciones limpias de candidatos para ocupar cargos judiciales o funciones en organismos de control.

Contra todo pronóstico constitucional el Consejo se parece, a veces, a un escenario de rencillas rancias, donde algunos lobistas tributan para un lado u otro de la grieta política y judicial. Está claro que no todas las personas que hacen a la institución se inscriben en esa lógica, que hay profesionales a quienes realmente les importa respetar las leyes y la transparencia en los procesos.

En 2019, el Consejo de la Magistratura resolvió llamar a concurso para fiscalías auxiliares en toda la provincia. Las convocatorias llevan los números del 232 al 245. El período de inscripción finalizó en diciembre y, al iniciar 2020, se declaró la emergencia por la pandemia. Recién en 2021 se convocó a los postulantes para rendir los exámenes escritos.

Hasta ese momento se trató del concurso de mayor convocatoria en la historia del organismo. Se inscribieron alrededor de 200 personas para ocupar 32 fiscalías auxiliares. Se presentaron 106 postulantes. La dimensión de la evaluación supuso un desafío: desde la cantidad de computadoras que se necesitaron hasta el espacio donde se realizó el examen. Hubo un proceso conflictivo, de puja entre el Consejo y los concursantes respecto de las pautas de anonimato, igualdad y transparencia en el concurso.

Finalmente se acordaron las condiciones, se asignaron puntajes por antecedentes y se realizó la prueba escrita el año pasado. En agosto se comunicaron las correcciones. Es decir, casi un año y medio después de la convocatoria a los exámenes escritos y casi tres años después de la decisión de llamar a concurso.

 (La nota completa en la edición 1138 de la revista ANALISIS del jueves 2 de marzo de 2023)