Antonio Tardelli
Tiempo atrás, cuando el cambio de administración apenas si asomaba en el horizonte, un aspirante a la Gobernación de Entre Ríos le confió a un dirigente aliado: “Yo milito el 30 por ciento de mi tiempo; el otro 70 por ciento lo ocupo en reunir dinero. La campaña que viene será muy cara”, le explicó con crudeza. Las finanzas proselitistas se han convertido en una inquietud central de los candidatos. Y constituyen una clara limitación: los mejores perfiles y los proyectos más virtuosos pueden naufragar perfectamente si el futuro postulante carece de un tesorero eficaz. Quienes aspiran a gobernar no sólo deben rodearse de jerarquizados asesores. También dependen de una figura desprestigiada pero que asumen como imprescindible: los recaudadores.
Su rol es opaco. Se desplazan en las sombras. Se mueven, si son cuidadosos, en los bordes de la legalidad. Casi siempre chapalean en terreno resbaladizo. Hace cuarenta años una ola de desconfianza se desataba si un candidato comentaba que para hacer política era condición sine qua non colectar una considerable cantidad de dinero. Ese dinero podía asomar de los bolsillos propios o llegar de la mano de un desprendido mecenas. Hoy el fenómeno se acepta con naturalidad y la claridad en los aportes de campaña sigue siendo una materia pendiente tanto en la esfera administrativa como en la más relevante consideración pública. Exige una inversión millonaria una campaña que aspire a convertir a alguien en gobernador de Entre Ríos.
De hecho, cuando se calcula, no se habla en moneda nacional. Se especula en billetes verdes. Si de veras quiere devenir gobernador, si pretende competir con chances de gloria, desde el momento de su lanzamiento hasta el cierre del escrutinio el aspirante debe acumular una cifra cercana al millón de dólares. ¿Un millón de dólares? En realidad, eso es el piso. Dependiendo de una serie de variables (los aportes personales de los dirigentes, las contribuciones empresarias, las donaciones de particulares, los recursos estatales, las erogaciones locales y los fondos partidarios), el presupuesto puede incrementarse hasta los 3 millones de dólares. De ese monto total (que merece un desagregado puntilloso) al final del camino la ciudadanía podrá acceder a una mínima rendición de cuentas. Es la que los partidos entregan en su momento a la Justicia Electoral. Pero con suerte los papeles registrarán el 20 por ciento del gasto real.
(Más información en la edición 1139 de la revista ANALISIS del jueves 13 de abril de 2023)
