A partir de una solicitud de acceso a la información pública efectuada por un grupo de entidades socio ambientales, el Gobierno de Entre Ríos dio a conocer la cantidad de obras de terraplenamiento denunciadas en el Delta del Paraná. Del registro, al que tuvo acceso ANÁLISIS, se desprende que en 2022 se iniciaron 67 expedientes por trabajos irregulares en los humedales del sur de Entre Ríos. De este número, al momento de la respuesta, sólo cinco de ellos se encontraban en proceso de sanción. En el listado de responsables aparecen nombres de importantes empresas entre las que se encuentran la neerlandesa Bema Agri BV, Cerámica Alberdi SA, Santa Mónica SA, Monte Verde SA, SEO de Urgel SRL, Inmaculada del Sauce SA, San Cristóbal SA, Ilitur SA y Vacapi SA. También aparecen nombres rutilantes como Rufino Pablo Baggio –heredero del emporio de jugos– y Martín Esteban Stenner, un hacendado famoso por ser un “constructor serial” de murallas y diques que alteran el natural escurrimiento de las aguas.
Silvio Méndez
Ganaderas, empresas de turismo, un laboratorio, financieras, agrícolas, proveedoras de insumos para la construcción e inmobiliarias son algunos de los rubros de las empresas involucradas por la construcción de terraplenes fuera de la ley en el Delta del Paraná. Los datos surgen de un informe oficial que brindaron distintas dependencias del Estado provincial a raíz de una solicitud que presentó la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, junto con la Multisectorial por los Humedales de Paraná y de Rosario, la organización El Paraná No se Toca y Salvemos los Humedales Villa Constitución.
El pedido de acceso a la información pública ambiental fue ingresado por las ONG el 30 de agosto de 2022. La acción se promovió en momentos que los territorios y ecosistema de humedal del río Paraná inferior se encontraban seriamente amenazados por la sequía, los incendios y la bajante histórica. Transcurrido casi un año, por esta gestión se obtuvo una documental importante que, poco a poco, comenzó a ser analizada por el equipo legal de las organizaciones. Entre los distintos aspectos sobre los que se requirió precisión, se planteó “si se ha constatado tanto en territorio público como privado, la existencia de terraplenes y/o construcciones que desvíen el curso natural del agua, y en su caso, si se han labrado actas de infracción, si se han iniciado sumarios administrativos y se han dictado sanciones administrativas, y en su caso, cuáles”, se detalló en el expediente del que tomó conocimiento ANÁLISIS.
Como respuesta a este puntual pedido, el director de Gestión Costa del Paraná de la Secretaría de Ambiente, Alcides Alanis, elevó un documento a su superiora, Daniela García, para que sea incorporado al pedido de los activistas socio ambientales. En esta presentación de medidas detalla que “ante la carencia de instrumento legal que defina técnica y administrativamente a los humedales del territorio provincial de Entre Ríos, ergo, no existir límites legales definidos; se recurrió al uso de herramientas alternativas como ser la Ley Provincial N° 10.479 de Áreas Naturales Protegidas y el Inventario de los Humedales de Argentina (Sistemas de paisajes de humedales del Corredor Fluvial Paraná-Paraguay, documento elaborado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, 2013), con el fin de poder informar obras de terraplenamiento en sitios definidos técnicamente como humedales o sobre áreas naturales protegidas”.
(Más información en la edición 1143 de la revista ANALISIS del jueves 17 de agosto de 2023)
