El Estado argentino procura una “solución amistosa” con la familia Schiavo y reconoce que se incumplió el derecho de acceso a la justicia. A raíz de las actuaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado Nacional decidió no litigar, aceptó la gravedad de las acusaciones contra su sistema judicial ya que se “atentó contra el derecho a una tutela judicial efectiva” y pretende acordar una solución antes de ser condenado por violaciones a los derechos humanos. A un cuarto de siglo del brutal crimen, ¿es posible todavía que haya justicia?

Por Américo Schvartzman

En junio próximo se cumplirán 25 años del crimen brutal de la joven uruguayense Flavia Schiavo. El increíble ensañamiento contra Flavia sigue sorprendiendo: de acuerdo a la autopsia, había sido degollada, tenía un disparo de arma de fuego en la nuca, rastros de un golpe que le había hundido el cráneo. Desde la cintura hacia arriba, el cuerpo parecía haber sido vaciado: faltaban casi todos los órganos, excepto la vejiga y el útero, y no tenía cuero cabelludo. Los indicios de brutalidad son inéditos en nuestro ámbito, incluso hasta hoy.

La actuación de la justicia y la policía entrerrianas en este caso (como en otros tantos) ha sido una mezcla de impericia, desinterés y desidia, o peor aún, de sospechada complicidad. Desde el inicio mismo de la causa, la primera jueza (Cristina Calveyra) instaló la idea de que el padre de Flavia podía haber estado involucrado en algún tipo de negocio ilegal y por tanto el crimen podría haber sido “una venganza” o un “ajuste de cuentas”. Para los abogados de la familia —Gregorio Garro y Jorge Escalante— la justicia y la policía siempre parecieron más interesadas en investigar al padre de la víctima que a los sospechosos del crimen.

El asesinato, ocurrido en Concepción del Uruguay entre el 10 y el 12 de junio de 1999, sigue siendo un caso emblemático de la impunidad en Entre Ríos. Después de varios juicios y jueces, e incontables idas y vueltas, se terminó absolviendo a todas las personas vinculadas, con duros debates acerca de si con esas mismas pruebas se los podría haber condenado: eso sostuvieron siempre los abogados de la familia, pero -sobre todo- fue lo que afirmó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2006, dando la razón a los abogados Garro y Escalante.

Pero la justicia de la provincia dos veces, en 2003 y luego en 2011, resolvió en sentido contrario y lo confirmó luego el Superior Tribunal de la provincia. Nadie era culpable del crimen. Con matices intermedios que muestran como mínimo una disparidad de criterios difícil de entender: si el primer fiscal, Diego Young, desistió de acusar y pidió la absolución de todas las personas imputadas, el último fiscal, Dardo Tórtul, consideró que las pruebas comprometían sólo a algunas.

Impunidad garantizada

“No habrá sensación más amarga para las víctimas que asumir que por errores procesales por absurdidad en las valoraciones probatorias, quienes son responsables de un ilícito penal, queden sin su pena, bien por el beneficio de la duda o bien por absolución directa. Esta Corte tiene una misión muy delicada y que trasciende a este proceso: sentar criterio para que los hechos de las causas, las pruebas en los procesos penales sean valorados del modo más congruente posible”. Así terminaba la presentación de la familia Schiavo ante el máximo organismo de la justicia argentina.

Hace diez años de esa presentación, un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). Los letrados insistían en que se anularan las absoluciones, porque con una valoración adecuada de las pruebas deberían estar todos presos. Aunque eso era lo que la misma Corte misma había dicho en 2006, los supremos desestimaron el recurso por minucias formales: por ejemplo, porque no se cumplía con “la cantidad de renglones por página exigido en el artículo 1 del reglamento aprobado por la Acordada N” 4/2007”.

(Más información en la edición gráfica de la revista ANALISIS, edición 1148, del día 14 de marzo de 2024)