El máximo tribunal advirtió que resolverá en un “plazo razonable”, pero la percepción es que la negociación en el Congreso ya está trabada; el Gobierno avanza con Lijo y García-Mansilla.

Se acortan los tiempos para que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre la constitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 70/23 del presidente Javier Milei, que desregula gran parte del Estado. Hasta ahora, el mensaje era que debía resolverlo la política y evitar la judicialización. Pero en las últimas horas la percepción es que difícilmente la política llegue a una solución.

Entre antes y ahora hubo un giro. Hace un mes, el 12 de marzo, en la reunión de la Cámara de Comercio Argentino-Norteamericana (AmCham), el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, dijo que iban a esperar a que la política resolviera la controversia por el DNU. El miércoles pasado, en una disertación en el Rotary Club de Buenos Aires, volvió con lo mismo y agregó: “Si los temas no se resuelven en un plazo razonable, lo hará la Justicia”.

“Viste como es Javier”

La percepción en los tribunales ahora es que, a lo largo de este mes, entre la reunión de la AmCham y el almuerzo del Rotary, la situación política “está trancada, más trancada que antes”. Lo que hace que se aceleren los tiempos para que la Corte Suprema se pronuncie sobre el decreto.

“Se está trabajando en los temas, pero cuándo es el plazo razonable lo deciden los jueces. El plazo razonable está atado al éxito de la política y lo vemos complicado”, señalan en los tribunales, donde ven que los problemas se encaminan hacia una solución gracias a una oposición que negocia una ley ómnibus y hasta una reforma laboral con el radicalismo y la CGT, pero que se complican en el propio riñón libertario con el quiebre del bloque de La Libertad Avanza.

Esta situación hace que se vea un horizonte con nubarrones. “Es más factible que el oficialismo pueda perder un hombre propio en la Auditoría General de la Nación, plazo que se venció el viernes pasado, a que pueda destrabar ese asunto”, dijo otro observador político.

El 12 de marzo pasado, en AmCham, Rosatti mencionó a Juan Bautista Alberti, “tan citado y tan poco leído”, en una supuesta alusión a Milei. Y consideró que hay inseguridad jurídica cuando se judicializan cuestiones que deben ser resueltas por la política. “Esto ocurre en Argentina desde hace muchos años. La judicialización de las cuestiones típicamente políticas. Frente a la incapacidad de la política de resolver determinadas situaciones, se proyecta el problema hacia una instancia judicial”, recalcó.

El presidente de la Corte Suprema ejemplificó: “Podríamos elaborar un teorema: a mayor debate público, menor injerencia de la Justicia; a menor debate público, más deseo de intervención de los tribunales de Justicia. El juez no está para reemplazar a la política; está para cumplir con las normas que, entre otros fundamentos, provienen del estamento político”.

Un mes más tarde, en el almuerzo del Rotary de Buenos Aires, afirmó: “Hay que darle una primera chance a la política: hay charlas, reuniones, negociaciones en el Congreso que seguimos con avidez, pero si la política no resuelve este tema [por las demandas contra el DNU y los recortes del Gobierno a las provincias] la Justicia lo resolverá. No nos gusta que la judicialización sea el atajo para resolver los temas que no resuelve la política. Apostamos que estas cuestiones se resuelvan en el ámbito parlamentario o en el que sea; si no, lo resolveremos en un tiempo razonable”.

Entre medio de ambas alocuciones, el presidente Milei estalló contra la Corte porque no fallaba según sus deseos, rechazando las medidas cautelares que mantienen suspendido el capítulo laboral de su DNU. Esta era la expectativa del Gobierno, según dijeron a La Nación fuentes oficiales.

Señalaron que tenían la información de que iba a haber una respuesta de la Corte ante los fallos de la justicia laboral que había suspendido el capítulo 4 del DNU. No se trataba del fondo de la demanda de la CGT y la CTA, pues eso hubiera requerido que empezara a tramitar dándole vista a las partes, sino que pensaban en el Gobierno que lo más incruento era rechazar la cautelar por falta de legitimación de la CGT o porque estaba mal concedida. Ni siquiera la expectativa estaba puesta en un fallo por todo el DNU, como lo había reclamado La Rioja, sino para rehabilitar la vigencia del capítulo laboral. Nada de esto ocurrió.

Esto hizo que Milei, sin consultar con nadie, decidiera hacer público que pensaba cubrir la vacante de la Corte con la postulación del juez Ariel Lijo y adelantar la designación del jurista Manuel García-Mansilla para reemplazar al juez Juan Carlos Maqueda, que deja el máximo tribunal el 29 de diciembre, al cumplir 75 años.

Para comenzar el proceso de designación, el Gobierno publicará entre lunes y martes una comunicación en el Boletín Oficial y en diarios nacionales, con las postulaciones. Así lo marca el decreto 222/03, que además inaugura así una etapa de impugnaciones y adhesiones que dura 15 días, una audiencia pública en el Senado y la luego la votación para ver si los candidatos obtienen los dos tercios de los votos de los presentes. Nadia garantiza que los votos estén y en el Gobierno señalan que las postulaciones de ambos están atadas.

Con Lijo y García-Mansilla, si prosperaran sus postulaciones, Milei busca alterar la mayoría de la Corte que hoy componen Rosatti, Maqueda y Carlos Rosenkrantz.

Milei dijo que “al menos tres jueces de la Corte han tomado una posición bastante poco amigable” con el decreto. Lo dijo en una conferencia libertaria, dos sábados atrás. En tribunales señalan: “A la Corte, con buen diálogo, no vino nadie. Ni nadie pidió nada. Si alguien llevó algún tipo de información, probablemente fue equivocada”. Y de inmediato agregan: “Se está trabajando en los temas pero el tiempo razonable lo deciden los jueces”.

No es un secreto que el juez de la Corte Ricardo Lorenzetti es quien impulsó la designación del juez Lijo en el máximo tribunal a partir de su relación personal con Javier y Karina Milei, y que busca recuperar centralidad en un tribunal donde quedó en una posición solitaria en la gestión diaria.

La Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos 30 causas iniciadas por 16 provincias que le reclaman al Estado nacional fondos por los recortes sobre educación, transporte, las cajas jubilatorias y el impuesto a las ganancias, entre otros. En total, los reclamos ascienden a unos 1000 millones de dólares.

Mientras la Casa Rosada dialoga con los gobernadores en busca de un acuerdo para la votación de la nueva versión de la ley ómnibus con las reformas del Estado que pretende el oficialismo, los mandatarios provinciales presentan en tribunales sus demandas por los recortes de gastos que vienen sufriendo.

La mayoría de las demandas iniciadas ya tiene dictamen de la Procuración General de la Nación, que determina que son de competencia originaria de la Corte. Y algunos de esos expedientes ya están girando por las distintas vocalías, lo que habla de que las causas se están moviendo. Nada presagia una lluvia de fallos contra las arcas del Estado nacional, pero los casos no están paralizados.

El Gobierno teme una andanada de sentencias adversas con efecto económico y por eso se apura a cambiar la integración del máximo tribunal.