Silvio Méndez
El acuerdo del canciller Bielsa y su par uruguayo, Gargano, para conformar la comisión binacional sobre impacto ambiental por la instalación de las papeleras sobre el río Uruguay, potenció el conflicto y abrió frentes inesperados. El carácter no vinculante de lo que expida el ente crispó los ánimos entrerrianos. El gobernador Busti anunció acciones legales a nivel internacional, aunque la provincia participará del organismo establecido. La fiscal de Estado, Claudia Mizawak, evaluó que una presentación legal supranacional incluiría un litigio con el Estado nacional argentino. Ésta es precisamente la posición que tomarán organismos no gubernamentales, que demandarán a Kirchner ante la Corte Suprema de Justicia y a la administración de Vásquez ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de La Haya.
La reunión celebrada la semana pasada entre en el canciller Rafael Bielsa y su colega uruguayo, Reinaldo Gargano, había sido programada para bajar los decibeles que alcanzaron los cruces verbales a raíz de la decisión del gobierno oriental de desconocer los reparos por la instalación de dos fábricas de celulosa en Fray Bentos, a la vera del río Uruguay. Pero desde un principio, la postura de los funcionarios uruguayos lejos estuvo de atemperar los ánimos.
Minutos antes del encuentro, en declaraciones a la prensa, Gargano se arrogó para sí y el Uruguay la propiedad del río que comparte con Argentina. Asimismo, el ministro de Industria, Energía y Minería uruguayo, Jorge Lepra, en declaraciones a una radio de Montevideo, planteó que su país le debía dar “una patada en los tobillos” a la Argentina por entorpecer sus negocios. El resultado del cónclave tampoco estuvo lejos de mejorar la situación. El gobierno nacional cedió en que los resultados a los que arribe la comisión binacional para evaluar el impacto ambiental, no tengan el carácter vinculante para decidir la continuidad de las obras, tal como era reclamo de diversas organizaciones de Entre Ríos.
Luego que fuera conocida la postura asumida por Cancillería, tratar de digerir tal concesión y evaluar lo estériles que resultaron las demandas al gobierno nacional, las reacciones no se hicieron esperar. Por un lado, el gobernador Jorge Busti expresó que se iniciarán acciones legales a nivel internacional. En tal caso, no son pocos los obstáculos que se presentan, sin contar con el dilatado tiempo que llevan estos procesos. Según las primeras apreciaciones de la fiscal de Estado, Claudia Mizawak, resulta oscura que tal posibilidad pudiera ser representada por el Estado entrerriano, por lo que se barajan otras figuras para encarar la acción de la demanda.
Asimismo, el camino que conduce a un litigio contra Uruguay ante la Corte Internacional de La Haya y la Interamericana de Derechos Humanos, debería peregrinar previamente una querella contra el Estado Nacional en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esta última acción es la que ya ha resuelto el Foro Ecologista Paraná para avanzar cuanto antes, por lo que se ha consultado entre otros al jurisconsulto Daniel Sabsay, de la Comisión de Derecho Ambiental de la Unión Mundial para la Naturaleza. Por su parte, también la Intendencia de Gualeguaychú, el Colegio de Abogados local y los vecinos nucleados en la Asamblea Ambiental ya han iniciado contactos con el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Atilio Alterini, para disponer de la dirección técnica jurídica académica. En ninguna de las opciones se podría descartar una acción contra el gobierno nacional, por lo que la torpeza de Bielsa acarreará nuevos dolores de cabeza a la administración Kirchner, abriendo las puertas a conflictos políticos con la Gobernación provincial y distintos actores de la sociedad civil.
Por lo pronto, para hoy jueves estaba prevista una visita de Bielsa a Gualeguaychú y una reunión del denominado grupo “político institucional” que participará por la Argentina en la comisión binacional. Comité que, a pesar de los cuestionamientos, tendrá el representante por el Estado provincial (ver recuadro aparte). A integrar la delegación estaban invitados los vecinos autoconvocados, pero dado el cariz que tomó su constitución, se dudaba de su participación. La discusión giraba en torno a qué legitimidad le daría a este espacio su presencia. El debate no es menor, ya que uno de los efectos perjudiciales más nocivos que logró Cancillería fue dividir la posición argentina en sus reclamos por la no instalación de las plantas. Para contrarrestar esta deriva, para mañana viernes está prevista una reunión entre la Fiscalía de Estado provincial, grupos ambientalistas y vecinos de Gualeguaychú para evaluar la posibilidad de diseñar una estrategia legal conjunta.
(más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
