Silvio Méndez
Nuevamente los reclamos de los gremios docentes en Entre Ríos colocan en el centro del debate conflictos irresueltos sobre las condiciones de la educación pública. El enfrentamiento con el gobierno ya puso en serias dudas el ciclo lectivo y el endurecimiento de las posturas no permite vislumbrar un panorama alentador. Para esta semana y la próxima se tenía previstas medidas de fuerza y movilización, aunque pende la amenaza del descuento de los días de paro y el dictado de una conciliación obligatoria de la Dirección de Trabajo. Esta última medida fue pedida por el gobernador Jorge Busti luego de reunirse con un grupo de Padres Autoconvocados por la Educación Pública. Este encuentro parece no haber sido casual en momentos en que se abrió paso la intervención de un tercer actor en el problema. Si bien los padres piensan reclamar al Estado nacional y al provincial para que garanticen las clases, cuestionan también las herramientas de lucha sindical.
La educación pública sigue siendo una piedra en el zapato para la administración provincial. Un problema que no resiste parches ni ataduras mal hechas. La importancia y el valor colectivo depositado en ella desnudan una serie de situaciones críticas transversales más amplias. Pero la desigualdad económica y social concentrada y vislumbrada a través en el conflicto educativo se hace inaceptable. El no dictado de clases se constituye como el límite tolerable de los antagonismos, y de ahí su relevancia que desencadena la demanda de rápidas respuestas para la normalidad y el orden. La problemática en sí no es nueva ya que continuamente la agenda pública está plagada de reclamos por la infraestructura de los edificios escolares, mobiliario, partidas para los comedores, becas y la recomposición salarial de los docentes. Precisamente sobre este último planteo se ha abierto una nueva disputa que resucita el debate en torno a las condiciones de la educación pública. En esta coyuntura, asimismo, se suman el endurecimiento de las posturas y la intervención de otros actores que hacen muy difícil una salida consensuada.
Tras una serie de reclamos y distintas acciones, los gremios docentes han resuelto una serie de medidas de fuerza que incluyen la huelga, prevista en principio para los días 3, 4, 11 y 12 del mes de agosto. Además, el lunes la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) y la Unión de Docentes Argentinos (UDA) entregaron al gobernador Busti el pedido formal para que se atienda la recomposición salarial junto con una Ley de Financiamiento integral del sistema educativo, la derogación de la Ley de Educación Provincial Número 9.330 y el restablecimiento de condiciones edilicias de las escuelas. Una respuesta oficial a la solicitud de actualizar los suelos ya se había hecho llegar a mediados de julio, pero tal propuesta había sido rechazada por los trabajadores al considerarla insuficiente y distorsiva en la pretensión de incorporar sumas “en negro”.
Con la continuidad de los reclamos, programados días de paros y preocupados por asegurar un mínimo de 180 días de clases, desde el gobierno se pensó en recuperar jornadas los sábados. A su vez, el martes pasado se conoció la resolución Número 1.910 del Consejo General de Educación (CGE) por la cual se dispuso no se le abone el haber correspondiente a los días de huelga “a todo el personal docente que no concurra a dictar clases en virtud de adherirse a las medidas de acción directa dispuestas por las asociaciones gremiales”. A su vez, este martes a través del CGE, Busti interpuso una solicitud de conciliación obligatoria con el gremio docente ante la Dirección Provincial del Trabajo, por lo que las jornadas de paro, al cierre de esta edición, dependerían del resultado de la audiencia de partes. Según lo informado oficialmente, tal pedido fue en virtud del petitorio presentado por un grupo de Padres Autoconvocados en Defensa de la Educación Pública cuando fueron recibidos esa jornada por el gobernador. La convocatoria de los autoconvocados y su visita a Casa de Gobierno no parece ingenua, ya que permitió motorizar otra medida desde el gobierno y en momentos de ingreso de nuevo actor en escenario de disputa.
La presentación de los padres en la problemática no es nueva. A mediados de 2002 un núcleo denominado Padres por la Educación realizó diversas actividades públicas en los conflictos de aquellos tiempos, pero de acuerdo a algunos de sus integrantes, la alta dinámica alcanzada terminó diluyéndose por diferencias internas. El punto en cuestión giró en torno a las exigencias planteadas al Estado y la modalidad de lucha de los docentes. La cuestión pareció saldarse cuando a mediados de 2004 una de las integrantes de Padres por la Educación, Nilda Álvarez de Franco, fue incorporada al CGE para coordinar el Programa Padres en la Escuela. Aunque no calcada, la actual situación parece repetirse en muchos aspectos.
Desde Padres Autoconvocados se emitió el mandato para interponer un recurso de amparo ante la Nación frente a la inminente caída de los 180 días de clases mínimos que se deben dictar y la demanda a la administración provincial por garantizar las clases por el resto del año, que derivó en el pedido de conciliación obligatoria. Igualmente, un debate pendiente dentro del grupo es el cuestionamiento sobre las herramientas de lucha que utilizan los sindicatos.
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