Américo Schvartzman
(especial para ANALISIS)

Más allá del fuero, la Justicia en Concepción del Uruguay demuestra tener varas diferentes para medir los casos cuando los involucrados son personas vinculadas al establishment local. En este informe, algunos de ellos: un expediente perdido cuyo extravío no se investiga; una causa archivada y una fiscal que se queja porque el juez no opina; un camarista que no se excusa pese a su parentesco cercano; un abogado que defiende causas contrapuestas: si avanza en una, conspira contra la otra. Y como corolario, un sistema judicial que resuelve de inmediato cuando se trata de determinados protagonistas, y que se toma tiempos eternos e inacabables cuando no tienen acceso al poder o a la riqueza.

Ya lo decía el poema de María Elena Walsh, que le pedía a la “Señora de ojos vendados que estás en los tribunales” que bajara de sus pedestales, que se quitara la venda y mirara.

Una causa iniciada varios años atrás, a partir de un crédito del desaparecido Banco Cooperativo del Este, que derivó en el embargo y secuestro de un vehículo de Abel Salomón Resnisky, terminó generando -ya devuelto el rodado- una denuncia del mencionado por “falsedad documental o alteración”, contra el encargado del Registro de la Propiedad Automotor Número 2, el escribano Roberto Míguez Iñarra. En el número 151 de este semanario se daba cuenta de que el profesional había sido citado a indagatoria por la jueza Marta Cristina Bonifacino y que el fiscal Guillermo Rojas requirió Instrucción Formal ante lo que “prima facie” consideraba figuras delictivas consistentes en maniobras falsificatorias y adulterantes de documentos públicos. “Una causa que hasta ahora se ha tramitado en silencio pero promete transformarse en un escándalo”, adelantaba El Miércoles.

Y en efecto, se transformó en un escándalo, pero por otras razones. El expediente de la causa se extravió, increíblemente, en febrero de este año. Nunca fue hallado ni se investigó demasiado su “extravío”: por ejemplo, no se ordenó ningún allanamiento a quienes presumiblemente se beneficiaron con esa desaparición.

Pese a eso, se reconstruyeron parcialmente las actuaciones (con fotocopias) y así se retomó la causa 17.061 caratulada “Agente fiscal requiere instrucción formal (testimonios Banco de Entre Ríos c/Tramontín) por falsedad documental c/Míguez Iñarra Roberto”. A esta altura, la jueza de la causa, Cristina Calveyra, ya era camarista. Su reemplazante se excusó, y la fiscal Marta Savina dictaminó que la causa debía ir al fuero federal, porque el imputado es un funcionario del Estado Nacional. La jueza a cargo, Estela Rebossio, ante el dictamen fiscal, resolvió su incompetencia. El 31 de marzo el expediente entró al Juzgado Federal y la fiscal Milagros Squivo dictaminó el 22 de abril, recomendando archivar la causa porque entendió que si bien pudo haber “errores e irregularidades” de parte de Míguez Iñarra, no constituyen una conducta “penalmente reprochable”. Dicho de otro modo: los documentos del Registro pueden haber sido alterados, pero si eso pasó, será un error, no un delito. Y por otra parte, tampoco se puede “constatar fehacientemente los hechos supuestamente delictivos” porque al perderse el expediente y trabajar sobre fotocopias, las falsificaciones no se podrían probar “en un documento público sino en fotocopias de éste”. Es decir: aunque se probara la falsificación, no habría delito.

Ésas fueron las razones por las cuales la fiscal Squivo solicitó el archivo de las actuaciones. No obstante, también pidió que se remitan los testimonios a la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor, “a los fines de su evaluación administrativa”. Por los errores e irregularidades, se entiende.

A partir del pedido de la fiscal, el 21 de junio el juez Federal Guillermo Quadrini, sin abrir opinión y simplemente sobre la base de esos argumentos, desestimó la denuncia y archivó la causa. Pero la fiscal Milagros, al parecer sensibilizada con esta cuestión de archivar causas (la más famosa que archivó fue la de Augusto Alasino), le presentó al juez un recurso de revocatoria, donde le reclama “una fundada y concreta expresión de conformidad o disconformidad” con su propia solicitud, reprochándole como una omisión el hecho de que archive la causa “con el solo fundamento de que no puede acusar porque un fiscal no lo requiere”.

El 1º de julio, el juez Quadrini contestó con una nueva resolución en la que no hizo lugar a la revocatoria de Squivo, ratificando su “abstención de realizar valoraciones”.

La abogada de Resnisky, María Isabel Cacciopoli, adelantó a este semanario que el paso siguiente a encarar será un recurso de apelación contra la resolución del juez. La abogada asegura que pese a los vaivenes de la causa sigue confiando en la Justicia “a pesar de que en este caso no la he visto actuar... Yo soy una convencida de que la verdad debe salir. Aunque a veces esa verdad sea cubierta por cuestiones que nada tienen que ver. La justicia debe velar para que la seguridad jurídica de todo ciudadano, y sobre todo de la víctima, no se vea perjudicada, como lo ha sido para con mi cliente. Hay mucho para reprochar, pero prefiero mirar al futuro y confiar en que hay hombres y mujeres de bien en la Justicia que en vez de archivar puedan legítimamente investigar”, concluye la profesional.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)