A. R.
Luego de la condena de tres años de prisión condicional a Oscar Mori, de dos años y cuatro meses a Liliana Morard y de dos años a Marcelo Sola, por defraudar al Estado en casi un millón de pesos, se escribe de esta manera un nuevo capítulo de la historia de la corrupción entrerriana. Quizás marque el comienzo del ocaso de la figura Oscar Mori, sinónimo de impunidad, negocios turbios y poder durante el segundo gobierno de Jorge Busti. Una refrescante noticia para la institucionalidad provincial y para la democracia en su conjunto.
Luego de la condena que la Justicia le impuso a quien fuera el hombre fuerte del bustismo durante buena parte de la década del 90 en Entre Ríos, comienza a escribirse un nuevo capítulo de la historia de la corrupción en Entre Ríos. A meses de la condena al ex senador Mario Yedro, ahora fue el turno de Oscar Pacha Mori. Él fue el hombre que generó negocios turbios en nombre del Estado, quien se ocupó de borrar elevadas deudas a amigos empresarios, de lavar millones de dólares a través de empresas privadas que hizo participar en licitaciones actualmente denunciadas ante la Justicia como el caso del Puerto de Ibicuy y el control vehicular, fue quien creó medios afines, sostuvo mercenarios e instaló en la provincia la corrupción como una práctica sistemática del Estado provincial, siempre con venias. Esta vez no pudo escapar de la Justicia, algo que parecía impensado tiempo atrás. Esta vez la sonrisa en la cara no se dibujó del todo.
Explicaciones
El presidente del tribunal Jorge García en el adelanto de la sentencia prefirió ocupar un tiempo prolongado para argumentar de manera somera el porqué de la pena. Si bien en otros casos el adelanto de sentencia se remite a leer lo que el tribunal dispuso, esta vez se adelantaron también los argumentos. Fue allí que se señalaron errores argumentales de la defensa, en especial, la de Mori, a cargo de Guillermo Bonabotta y Rubén Efraín Cabrera. El tribunal entendió que hubo una “falacia argumental” en el sentido que se “tomó una parte como el todo”. Asimismo, se dirigió a los imputados de manera directa: “Ustedes actuaron como coautores, hicieron aparentar que los ATN iban a obras, utilizando una sigla inexiste ACISER. El primero operó de pantalla para el segundo ATN, que se evaporó y no pudo ser rendido”. Les dijo a Morard y Sola que si bien su papel fue de menor importancia, “si ustedes no solicitaban los ATN el hecho no se hubiera llevado a cabo, podrían haber desistido de hacerlo”.
El tribunal remarcó que no tener antecedentes penales jugó a favor para que las penas no fueran efectivas. Fue allí cuando los ahora condenados respiraron. Asimismo, García también sostuvo que en el hecho “se falsificaron facturas, recibos, la firma del titular del Poder Ejecutivo y se falsearon testimonios”, por lo que en concordancia con el pedido del fiscal, José María Chemez, el tribunal decidió remitir al agente fiscal en turno los dichos de los testigos Pablo de Paola, Carlos Demartini, Teresita Mabel López de Solanas, Juan José Martínez, María Gracia Garrido y Adalberto Álvarez para que se investigue si incurrieron en falso testimonio. Siguiendo con su actitud que mantuvo a lo largo del juicio, Jorge García había advertido al público que llenó la sala no hacer comentarios y mantener silencio. No los hubo, ni siquiera cuando se dio a conocer la pena: todo un signo.
La querella
El papel de la Oficina Anticorrupción dejó un manto de dudas. Durante todo el debate oral fueron escasas las preguntas a los testigos por parte de su titular, Luis Pedemonte. Actitudes que favorecieron a crear las sospechas acerca de la actuación del organismo de control. Sin embargo, Pedemonte aseguró que “las preguntas no eran necesarias”, un argumento muy débil si es que se quiere llegar hasta la verdad de los hechos. No obstante, dijo que no descarta iniciar una acción civil contra los condenados para que devuelvan el dinero que se robaron. El tiempo dirá si fueron palabras del momento.
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