Sandra Miguez
El gobierno de Entre Ríos recibió la notificación oficial de la Nación de una quita de 12.723 pesos en el programa Federal de Salud, como multa, por el atraso en el pago a los proveedores y prestadores de dicho plan. La medida se dispuso como resultado del reclamo ante Nación, que estos hicieron por el atraso en el que habría incurrido la provincia, lo que motivó quejas formales y el envío de cartas documentos. Esto sería un anticipo de sanciones similares a aplicarse, en cualquier suma a transferir a la provincia, e incluso sobre las que correspondan a períodos subsiguientes. Podría además determinar la caída del convenio con la Nación, que le permite a Entre Ríos contar con una suma de casi 6 millones de pesos extras para la compra de medicamentos e insumos para pacientes hospitalarios y de centros de salud que cuenten con pensiones no contributivas, según pudo saber ANALISIS. El conflicto surge debido a la decisión de la Secretaría de Salud de la provincia de trabar los pagos a los proveedores, luego de constatarse una serie de irregularidades escandalosas en el Profe local.
El trámite administrativo, Expediente Número 06343/06 “Alba Luisa Balocco”, llevado adelante por la Secretaría de Salud de la provincia, al que tuvo acceso ANALISIS, deja constancia de la serie de maniobras irregulares que se perpetraron en el Programa Federal de Salud (Profe) de Entre Ríos, lo que motivaría una presentación penal ante los tribunales federales ya que el programa recae en la órbita nacional. En dicho expediente se señala “la falta grave en el desempeño de sus funciones y negligencia manifiesta en la ejecución de sus funciones como encargada”, en las que habría incurrido Alba Luisa Balocco, tal como se señalara en ediciones anteriores de este semanario.
Dentro de las irregularidades detectadas por la auditoría provincial se hace mención a maniobras que van desde contrataciones irregulares, “facturas sueltas” sin los expedientes correspondientes, “notas sueltas” por entrega de medicamentos, así como “recetas y facturas sin la debida conformación del expediente” o sin la notificación de los beneficiarios, la falta de troqueles arrancados de los expedientes ya confeccionados y una vez que estos pasaban los controles de Tesorería, como la compra directa por vía de excepción, y una supuesta deuda a los proveedores de 2.369.542 pesos.
Pero entre las grandes desprolijidades que pudieron comprobar quienes tomaron intervención en el tema hay dos cuestiones que muestran la gravedad del caso. Por un lado, se encontró un bibliorato donde constaban los expedientes de pacientes con HIV, en los cuales se vertía totalmente la identidad de los mismos, con fotocopia del DNI, foto, carnet del Profe, y recibo de sueldo. Pero otro hecho que sorprendió fue que el día posterior a ser relevada de su cargo, Alba Luly Balocco le pidió a un pasante que recuperara unas facturas dejadas en una playa de estacionamiento para darle ingreso por Mesa de Entradas de Salud.
El expediente detalla que “un pasante informó que en fecha posterior a ser desplazada de su cargo, la coordinadora le pidió que retirara de la Playa de Estacionamiento ‘De La Plaza’ unas facturas de la firma Farmaline y que las ingresara por Mesa de Entradas”. Dentro del sumario también se deja en claro que dicha documentación se logró incautar, ya que el playero del estacionamiento entregó la información requerida dentro de una revista publicitaria, donde estaban las facturas señaladas.
De los recibos encontrados, se hace mención a la falta de la rúbrica de los médicos auditores en algunos de ellos, como por ejemplo los que presentara el Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos correspondientes a la primera quincena de mayo, por un total de 27.388 pesos.
Otras facturas que no contaban con el correspondiente trámite administrativo aparecieron en cajas sueltas, como las de la Droguería Meta por importes de 4.125 y 12.704 pesos en las facturas 0010-6531 al 6543; o la Droguería Monserrat por un total de 14.541 pesos con una factura indebidamente confeccionada, o la de Frescinies Medical Care Prestaciones por el servicio de hemodiálisis para 27 pacientes, por importes de 7.783, 11.972 y 9.354 pesos respectivamente. También estaba la factura 0001-00000377 correspondiente a “Mara Producciones”, que es la productora comercial de un programa radial y otro televisivo de un conocido conductor, por un importe de 1.200 pesos.
Fue así que desde la Secretaría de Salud se dispuso una resolución que permitiera “resguardar y preservar el erario público”. En el artículo 8 de la resolución que en días más adquirirá rango de decreto, desde la Secretaría de Salud se aconseja: “No corresponde abonar ni reconocer pagos de facturas libradas contra el programa o la Secretaría de Salud en razón de la gestión del Programa Profe, indisponiendo los mismos por contrataciones o presuntas contrataciones con proveedores de servicios o bienes o insumos de cualquier índole, por compra o contratación observada e irregularmente realizada, bajo apercibimiento de ley”. Por ello, cualquier interesado en el cobro de las facturas, deberá realizar el reclamo administrativo, a los fines de verificar su procedencia y legalidad.
En el expediente también se establece que esta investigación y proceso “no obsta al cumplimiento de obligaciones asumidas con pacientes y proveedores, si de dichas tramitaciones no observan irregularidades administrativas y han sido tramitadas con absoluta regularidad, situación que deberá ser verificada por el órgano competente”. Esta determinación de trabar los pagos hasta tanto se certifique la legalidad de la prestación, ha molestado a algunos prestadores que presentaron sus quejas formales, inclusive ante el órgano oficial nacional, lo que derivó en el hecho que, desde el Profe nacional, se estableciera un multa del cinco por ciento a la cápita que recibe la provincia, como penalidad por el atraso en el pago a los proveedores.
Sin embargo, el atraso se produjo debido al dictamen legal de la Secretaría de Salud, que sugiere frenar dichos pagos ante el estado de situación, y donde además se agrega que “no sólo corresponde poner en conocimiento al juez federal de Paraná (Aníbal María Ríos) los hechos que son ventilados en autos, a los fines que este determine si ha existido algún delito de tipo penal que merezca ser investigado, sino también adoptar las medidas administrativas tendientes a resguardar y garantizar el erario público”.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
