Claudio Cañete
La Ley Número 9.686 le permitirá al gobierno provincial otorgar permisos para investigar yacimientos arqueológicos y paleontológicos, decomisar y castigar a terceros que se los apropien sin autorización previa y podrá organizarse para mantener un mejor control sobre la suerte de piezas de importancia para la ciencia local. La Subsecretaría de Cultura, a través del Museo de Ciencias Naturales, será el área que intervendrá en su cumplimiento y la Policía de Entre Ríos, que ya está siendo capacitada, también tendrá participación. La ley consta de 50 artículos y debe ser reglamentada a la brevedad por la Legislatura provincial. ANALISIS anticipa parte de su contenido.
La vigencia de la Ley Número 9.686 marcará un antes y un después, sobre todo en materia de hallazgos arqueológicos y paleontológicos en el territorio provincial. Pero también un antes y un después en el tipo de suerte que corrían.
La norma, la primera en su carácter en entrar en vigencia en una provincia, fue sancionada en marzo y debe ser reglamentada a la brevedad por la Legislatura. Tiene por objeto la preservación del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, como parte integrante del Patrimonio Cultural de Entre Ríos, y el aprovechamiento científico y cultural. Su texto tiene concordancia con el espíritu de la Ley Nacional Número 25.743, que persigue los mismos objetivos en forma más ampliada.
En uno de sus 50 artículos la Ley 9.686 establece que forma parte del Patrimonio Arqueológico todo espacio, real o potencial, descubierto o por descubrir, ubicado en la superficie o subsuelo terrestre, lecho o subsuelo bajo aguas jurisdiccionales provinciales donde existan restos, cosas o muebles y/o inmuebles y/o vestigios de cualquier naturaleza que puedan proporcionar información sobre los grupos socioculturales que habitaron la provincia desde épocas precolombinas hasta épocas históricas recientes -los últimos 100 años-, así como sus relaciones mutuas y con el ambiente.
También dice que los restos correspondientes a seres humanos son considerados objetos arqueológicos por extensión; deberán tratarse con respeto y evitar su exhibición pública.
En cuanto al Patrimonio Paleontológico, la norma especifica que está integrado por los organismos o parte de los organismos que vivieron en el pasado geológico y toda concentración natural de fósiles en un cuerpo de roca o sedimentos expuestos en la superficie o situados en el subsuelo, ya sea también bajo aguas jurisdiccionales.
La ley dispone que la Subsecretaría de Cultura, que depende del Ministerio de Gobierno, Justicia, Educación, Obras y Servicios Públicos -a través del Museo Provincial de Ciencias Naturales Profesor Antonio Serrano-, será el área competente que tendrá a su cargo la defensa y custodia del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico en el territorio provincial. Tendrá que adoptar medidas tendientes a la preservación y a fomentar su investigación y difusión.
El artículo 5 consigna las facultades exclusivas del área del gobierno. Dice que debe organizar un Registro Provincial de Yacimientos, Colecciones y Objetos Arqueológicos, y un Registro Provincial de Yacimientos, Colecciones y Restos Paleontológicos, teniendo como base preferentemente la metodología adoptada por la autoridad de aplicación de la Ley Nacional Nº 25.743, para facilitar una mejor coordinación en lo posterior, a nivel nacional (ver recuadro La ley madre). Deberá también crear un registro provincial de infractores en materia arqueológica y paleontológica, otorgar las concesiones para prospecciones e investigaciones y comunicar a la Nación estos permisos, como así también las infracciones y sanciones aplicadas para centralizar la información. En esa línea, otra de sus funciones es formar distintos tipos de bancos de datos. La Subsecretaría de Cultura podrá paralizar obras que afecten al patrimonio en sus dos rubros. “Ejercer el poder de policía velando por el cumplimiento de la presente ley, acordar con los titulares de los predios donde se encuentren bienes arqueológicos o paleontológicos las condiciones de acceso a los mismos y elaborar el listado de bienes cuya expropiación resulta recomendable en función de su utilidad pública y/o amenaza de destrucción”, determina específicamente en un tramo.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
