Sandra Miguez

Juan Miguel Pérez pelea desde hace tiempo por lo que cree le corresponde. La casa que era de su madre, dónde hoy vive, es el centro de disputa. Una mujer que se acercó a Ana María de Pérez en los últimos años de vida, quiso apropiarse primero del 50 por ciento de la vivienda y luego entabló un juicio ejecutivo por documentos que habría firmado la mujer de 78 años, que sufría de cáncer. El caso pareciera estar inmerso en una nueva modalidad de usurpación en la que participan escribanos, peritos y otras conexiones impensadas en la trama judicial.

“Nos gustaba la casa porque aparte de espaciosa y antigua (hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales) guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia”, comienza diciendo Julio Cortázar en uno de sus maravillosos cuentos, donde narra sobre la intromisión por parte de extraños de una parte de la casa donde vivían dos hermanos.

Como en el cuento de Cortázar, Juan Miguel Pérez descubrió que su casa también quiere ser intrusada por extraños. Una mujer, junto a un escribano y una trama oculta de conexiones, aprovechó la debilidad de su madre, Ana María Pascual de Pérez -una persona mayor y enferma que ya falleció-, para tender un ardid que les permitiera acceder al 50 por ciento de la propiedad, según denuncia el mismo Pérez.

Todo ello derivó en un engorroso trámite judicial, que hasta el momento ha respaldado las exigencias de quien haciéndose pasar por la persona que atendía a Ana María Pascual de Pérez reclama la propiedad como forma de pago a sus servicios.

Ana María era una persona mayor que vivía sola en su casa y recibía habitualmente la visita de su hijo, aunque esto era suficiente. Por ello Marta Stampini de Salman, vecina por ese entonces, se fue acercando progresivamente durante cuatro años.

“Mamá hasta ese entonces le reconocía lo que hacía, regalándole cosas, ya que lo hacía como un favor y no en una relación a través de un sueldo. Pero enseguida (Stampini) fue pretendiendo mucho más”, relata Juan Miguel Pérez y agrega que “ella decía ser la hija del alma”.

“Esas pretensiones se basaron en querer que le pasara un 50 por ciento de la propiedad a nombre de ella como derecho, por lo cual la llevó a un escribano, de calle Artigas, y este buen señor la presiona y obliga a firmar la cesión de derechos, aun cuando ella se niega”.

Pérez se enteró de la situación de boca de su propia madre, que le comentó le sucedido. “Mientras mi madre vivía yo no quise hacer ningún trámite, ni sucesión de derechos, ni nada”, explica quien sería el único con derecho a heredar la propiedad, pero además recuerda que cuando su madre lo puso al tanto de las presiones de las que había sido objeto, se comunicó con Stampini y le dijo que de allí en adelante todas las cuestiones por resolver tendría que hablarlas con él. “Se enoja, amenaza y me dice ‘aténgase a las consecuencias”, rememora Pérez, que además comenta que Stampini “pretendió realizar un juicio laboral, que finalmente no prosperó debido a la cantidad de testigos que daban cuenta que dicha relación no existió nunca”.

La propiedad sita en calle Tomás de Rocamora 690 es el objeto de dicha disputa. Pero la serie de amenazas no se circunscribe sólo a eso. Al poco tiempo llegó una notificación por un juicio ejecutivo por pago de documentos. Así, en noviembre de 1998, Ana María de Pérez era intimada por la Justicia a levantar dos documentos por un valor de 8.400 dólares en total.

“Mi mamá era una mujer de 78 años que padecía de cáncer y ya tenía algunas discapacidades producto de la enfermedad”, cuenta Pérez, que entiende que su madre fue víctima de un engaño. No obstante, Ana María le aseguró en ese momento que nunca había firmado nada, por lo cual decidieron apelar la medida.

Pero la sorpresa mayúscula fue cuando al llegar a la Justicia, reconocieron que el perito que actuaba en el caso era familiar del mismo escribano del cual se sospecha coaccionó a Ana María Pérez para que cediera la propiedad.

“El perito calígrafo de la Justicia era un oficial de la Policía retirado, sobrino del escribano, de igual apellido, ¡oh, casualidad! Y obviamente, el fallo fue en contra”, advierte Pérez, para quien el círculo se iba cerrando.

Por ello, Juan Miguel acudió a otra experta caligráfica que le confirmó que la firma registrada en el documento no era de su madre, con lo cual decidió apelar la medida y presentó los datos de la pericia particular.

Para Pérez, esto es parte de una organización delictiva, ya que obrarían otros expedientes, perjudicando también a sucesores de propiedades, basados en este esquema de engaño, en los cuales han tomado participación tanto el escribano como el perito calígrafo.

“Este esquema hace que estén a la caza de viejitos, de gente ignorante o gente de campo que desconoce de mecanismos legales, para engañarlos y obtener las propiedades a su nombre; esto es normal en esta delincuencia de guante blanco”, denuncia Pérez.

En definitiva, la apelación no prosperó y toda la pericia transcripta en la presentación realizada por la abogada Verónica Fishbach no tuvo éxito, por lo cual se trabó un embargo sobre la propiedad cita en calle Tomás de Rocamora, que en definitiva era objeto del altercado.

La casa que había sido adquirida por un tercero, ante la actuación de un escribano público, nuevamente fue centro de querella, ya que Stampini presentó una demanda por simulación de venta. “Otra vez la Justicia falla a favor de Stampini, cuando llega a la instancia del Superior Tribunal de Justicia”, dice, resignado, Pérez.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)