Sandra Miguez
La trata de personas recauda unos 32.000 millones de dólares anuales, cifra que la coloca por encima de la recaudación ilegal por venta de armas y en segundo lugar después del tráfico de drogas. La actividad está siendo gerenciada de manera creciente por redes de crimen organizado y el 50 por ciento de las víctimas son mujeres y niñas. En un par de días la Organización Internacional de Migraciones (OIM) dará a conocer el informe de un nuevo relevamiento en el cual se da cuenta de la situación que revistan algunas provincias de nuestro país en este tema. Entre ellas, la provincia de Entre Ríos se ubica entre las principales zonas de conflicto en torno al problema del tráfico y trata de personas. Hoy Argentina es considerado un país de origen, de destino y de tránsito para las víctimas de la trata de seres humanos y los informes realizados por la OIM han advertido que además del reclutamiento y secuestro para trata interna, existe asimismo tráfico y trata especialmente de mujeres, niñas y niños para ser llevados a otros países en los que serán explotados.
Luego del secuestro y desaparición de Fernanda Aguirre el 26 de julio de 2004, en Entre Ríos se puso en evidencia una compleja trama que hasta entonces no había sido visualizada y puesta a la consideración pública: la de la trata y tráfico de mujeres, niñas y niños fundamentalmente para la explotación sexual.
Una de las hipótesis de la investigación policial en torno al caso Fernanda Aguirre se sustentó en la posible incorporación de la niña de 13 años a una red de prostitución. Así se iniciaron distintos operativos y rastrillajes donde comenzó a develarse la cantidad de prostíbulos y whisquerías que funcionaban en la provincia, donde terminaban por hallarse a menores que eran explotadas sexualmente.
Del mismo modo, la aparición de ciertos mensajes con la leyenda “SOS, ayúdenme, soy Fernanda” en Río Hondo, Santiago del Estero, abonaron la teoría de las redes de trata de menores que a través del secuestro someten a las mujeres, niñas y niños para luego obligarlos a ejercer la prostitución. La cadena de perversidad se completa con el traslado de un sitio a otro para que no puedan establecer contacto con nadie. Ésta es la conjetura que mantiene María Inés Cabrol, la mamá de Fernanda, y a la cual se ha aferrado denodadamente exigiendo justicia.
En el país, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) es la encargada de recibir las denuncias por tráfico y trata de personas en donde los testimonios son desgarradores. Uno de los objetivos principales de la organización es la lucha contra la trata de personas, considerada una forma de migración irregular cuyos fines de explotación implican la violación de los derechos humanos. La representación en Argentina comprende además Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Con ello se aborda un gran problema desarrollado al paso de la integración regional, el tráfico de personas, como la otra cara del tema de las migraciones.
La OIM adoptó la definición de “trata de personas” incluida en el Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
Mercedes Assorati, coordinadora del Proyecto de Fortalecimiento Institucional en la Lucha contra la Trata de Personas en la Argentina de la OIM, explica que “de acuerdo a este protocolo, la trata de personas significa la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concepción o recepción de beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación”.
Existen múltiples factores que hacen que haya víctimas propensas para semejantes crímenes que van desde el secuestro forzado de personas, limitación de la libertad, sustracción de identidad, así como distintas formas de violencia, tanto física, sexual como psicológica, y por lo cual desde distintas entidades a nivel internacional se procura llevar adelante acciones que permitan combatir este tipo de delincuencia organizada de manera transnacional.
Esos factores pasan fundamentalmente por la pobreza, el desempleo y la falta de oportunidades que condicionan a millones de personas a buscar una salida, una vía de escape, una oportunidad fuera de su entorno, creyendo encontrar allí un futuro mejor.
Assorati hizo su exposición días pasados en el ámbito del Primer Encuentro Nacional de Periodistas con Visión de Género, organizado por Artemisa, periodismo de género para mujeres y varones. Allí presentó datos de esta realidad que durante mucho tiempo intentó mantenerse oculta, sobre todo debido a la escasa atención prestada en términos sociales, aUn cuando se ha reconocido que estamos frente a uno de los negocios ilícitos más rentables del mundo.
“La explotación incluirá como mínimo la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los servicios o trabajos forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”, señala la especialista, para quien es fundamental que se hable con propiedad. “Hablar de ‘trata de blancas’ no sólo es una terminología anticuada sino que además es una terminología discriminatoria”, enfatiza Assorati, que además explica que estos términos aluden a una pequeña parte del problema de la trata: la trata para explotación sexual. “La trata abarca también la trata para explotación laboral y la trata para extracción de órganos”.
Otro concepto que está claramente diferenciado y que sin embargo se sigue utilizando erróneamente como si fueran sinónimos es el tráfico y la trata. “No es lo mismo”, comenta categóricamente la coordinadora. “Es importante destacar la diferencia con el concepto de tráfico ilícito de migrantes, cuya definición, según el Protocolo de las Naciones Unidas contra el Tráfico de Migrantes por tierra, mar y aire, es la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden material”.
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