Luis María Serroels

La noticia llegó vía correo electrónico y una sola carilla resulta lo suficientemente clara y categórica a la hora de reintroducirnos en el tema tal vez más escandaloso de nuestra historia en materia de sometimiento político y económico: la denominada deuda externa que pasó a ser eterna. Y si no fuese cierta, valen igual estas reflexiones.

Se trata de un nuevo intento por terminar con la impunidad que ha venido protegiendo a ex presidentes de la Nación y numerosos ex altos funcionarios del Banco Central, ministerio de Economía y áreas de su dependencia, incluyendo a integrantes de ambas cámaras del Congreso Nacional desde la restauración democrática hasta nuestros días.

La especie da cuenta de que el miércoles 22 de noviembre fue presentada ante el Juzgado Federal Nº 7, a cargo del doctor Guillermo Montenegro, Fiscalía del doctor Carlos Stornelli, una denuncia contra todos aquellos que, sea directa o indirectamente, “intervinieron en la refinanciación y/o renegociación de la deuda externa ilegítima”, involucrando a Raúl Alfonsín, Carlos Saúl Menem, Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde, Juan Sourrouille, Antonio Erman González, Domingo Cavallo, José Luis Machinea, Roberto Lavagna y los ex secretarios de Finanzas, ex directores de Crédito Público y cuanto funcionario del Poder Ejecutivo Nacional hubiera participado en las tareas ya mencionadas, respecto de ese verdadero cepo que ha significado para varias generaciones de argentinos el fenomenal endeudamiento contraído con los usureros internacionales.

En 1975 registraba 7.800 millones de dólares en 1982 había trepado a 43.600 y en 2003 alcanzaba nada menos que 150.000 millones de la verde moneda, aunque datos posteriores ubicaban la cifra bastante más alto. ¡Entre 1991 y 2001, la Argentina pagó, sólo por intereses, la friolera de 88.000 millones de dólares!

Pero allí no se agota la nómina, porque se promete ampliarla con los titulares de todas las empresas privadas que, a través de maniobras fraudulentas, transfirieron sus deudas al Estado, las que hoy integran la deuda pública argentina.

Esta nueva instancia judicial nos remite inevitablemente a la dura e inclaudicable lucha librada hasta su muerte por el patriota Alejandro Olmos, cuyas incansables investigaciones culminaron en el fallo del juez Jorge Ballestero, magistrado que entendió el verdadero trasfondo del problema y asumió la responsabilidad de meterse en la ya famosa Causa Nº 14.467, que en el año 1990 acumulaba nada menos que 23 cuerpos principales más 20 expedientes anexos con sus respectivos cuerpos y un sinnúmero de legajos documentales. Allí comprobó que la deuda, en sus procesos de origen, ampliación, refinanciación e intereses, exhibía de modo indubitable y con pericias probatorias la existencia de graves irregularidades e ilícitos que comprometen tanto civil como penalmente a varios ministros, secretarios de Estado, funcionarios menores, directivos del Banco Central y otras entidades financieras oficiales y privadas, como también a gerentes de empresas públicas y privadas.

Todos ellos tuvieron su cuota de responsabilidad y hoy siguen vivitos y coleando, ajenos al daño provocado a millones de connacionales

¿Por qué se incrimina también a quienes ocuparon sucesivamente bancas legislativas nacionales? Simplemente porque en la sentencia aludida, Ballestero mandó constituir una comisión parlamentaria de seguimiento. Si bien otro luchador, el ex diputado entrerriano también hoy extinto Alfredo Bravo, procuró en 1984 la creación de una Comisión Bicameral como respuesta, su propósito se frustró al negarle tratamiento el bloque mayoritario, eludiendo de este modo un mandato insoslayable.

El mundialmente famoso economista recientemente desaparecido, Milton Friedman, llegó a manifestar sin eufemismos que los bancos prestaron plata a países deudores en términos considerados lucrativos, pero sabiendo bien qué riesgos corrían. El propio Papa Juan Pablo II apoyó una solución con la condición de que no estuviera manchada de injusticias, a la vez que sugirió que se impulse una profunda investigación de la deuda y la suspensión de su pago a la espera de un pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia. Los propios obispos católicos de los Estados Unidos (país gran acreedor) condenaron la deuda y sostuvieron que no debía ser pagada.

¿Cómo es posible que siendo este endeudamiento espurio e ilegal, contraído a espaldas del pueblo, un verdadero condicionante de toda posibilidad de despegue en términos de desarrollo, amén de lo que ha significado como pérdida de nuestra facultad soberana para adoptar decisiones y frustración para el diseño de políticas de Estado que garanticen el bienestar de los argentinos, desde el poder político de turno y las diferentes composiciones del funcionamiento legislativo, no se hayan encarado las acciones dispuestas por Ballestero? Peor aún se han continuado cancelando sumas siderales sin objeción alguna, presentándose como un auténtico logro, lo que lisa y llanamente no es otra cosa que un nuevo acto de genuflexión apátrida.

(Más informacióne en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)