Jorge Riani
El prefecto general Carlos Fernández fue desplazado por la Presidenta Cristina Kirchner en diciembre, como resultado del escándalo por la muerte del represor Héctor Febres. Entre las últimas resoluciones que emitió, el entonces titular de la Prefectura Naval Argentina firmó el despido de un agente paranaense bajo el argumento de que incurría en “desprestigio” de la institución. El grave delito que le imputan al trabajador raso es que su sueldo de 587 pesos sufrió un embargo por un préstamo que debió sacar para garantizar el tratamiento de su hijo, con una discapacidad profunda. Fue echado a pesar de que el asunto de salud constituye un atenuante que disipa la posibilidad de medidas disciplinarias. El ex agente se llama Luis Sotelo, trabajó más de 30 años en la fuerza y, como la obra social de la entidad nacional no le daba la prestación para garantizar la vida de su hijo, hizo un juicio. La Justicia Federal le dio la razón, pero el encumbrado Fernández lo despidió mientras Febres ingería cianuro en su celda. La notificación del despido es una pieza increíble que Sotelo recibió el día que su hijo con parálisis cerebral cumplía 17 años.
Rubén sopla una botella y parece sorprendido por el ruido que provoca. Gatea lentamente de un colchón de su habitación a otro del living de su casa. Da un grito estremecedor y descansa apenas unos segundos antes de ponerse en marcha hacia el colchón extendido en el piso de la cocina. Un principio de convulsión lo deja en silencio y se duerme.
A su lado, Luis Oscar Sotelo, su padre, cuenta sobre el largo trajinar por médicos, viajes a Buenos Aires e interminables trámites relacionados con la obra social. Habla y su voz parece quebrarse ante de poner en orden su garganta con una tos fingida. Poco puede hacer, en cambio, con los ojos vidriosos cuando narra cómo, junto a toda su familia, se abocó para que Rubén siga viviendo sin dolores, ni temblores.
Han pasado 17 años desde el momento en que la fría sugerencia médica le indicaba dar por perdida la batalla. Luis, su esposa Marta Vivas y sus otros cinco hijos decidieron continuar con todo lo que sea para que Rubén siga junto a ellos. Acudieron al Hospital Garrahan, en la capital argentina, y en eso apostaron casi todo el fruto de sus trabajos.
El dinero no alcanzaba y la obra social que como agente de la Prefectura Naval Argentina le correspondía a Sotelo le reconocía sólo la mitad de los gastos del tratamiento. Interrumpirlo, dicen los informes médicos, implica lisa y llanamente “riesgo mortal” para Rubén.
Razones y sinrazones
Consciente de sus derechos ciudadanos, el padre de Rubén inició un reclamo formal a la Delegación Paraná de la Dirección de Salud y Acción Social de la Armada (DIBA). La negativa de la institución a garantizar la cobertura del servicio de salud derivó en un pleito que tuvo un resultado favorable al prefecto. Luis Sotelo hizo cada reclamo ante la Justicia en nombre y representación de su hijo discapacitado.
Hubo argumentos concisos en el planteo formulado que derivó en el fallo del juez federal Aníbal Ríos, ratificado por los camaristas Gabriel Chausovsky y Guillermo Enderle a favor del planteo de Sotelo. Su abogado, el doctor Martín Furman, había esgrimido derechos constitucionales y garantías “de los cuales la salud y la vida resultan ser supremos bienes protegidos” y poniendo el acento en “la responsabilidad que le cabe al Estado como objetivo finalista de su acción”.
Como consecuencia del pronunciamiento de la Justicia, la DIBA debía garantizar la cobertura total del tratamiento derivado de la epilepsia encefalopática severa refractaria a la medicación y parálisis cerebral que afecta a Rubén.
De ese modo, la familia del prefecto comenzaba a respirar con cierto alivio, al saber que no faltaría el diazepam, ni lamotigina y ni el ácido valproico que ordenaba el tratamiento médico, como tampoco los 160 pañales que por mes demanda la atención del chico de 17 de años. Todo eso era solventado, en una mitad, con el magro sueldo del prefecto Luis Oscar Sotelo.
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