J. C. V.
El juicio por la Masacre de Fátima está en su etapa final y en los próximos días se conocerá la sentencia contra los tres ex oficiales de la Policía Federal acusados por el brutal crimen de 30 militantes sociales y políticos cuyos cuerpos dinamitados a la vera de una ruta bonaerense, entre ellos el entrerriano Carlos Raúl Pargas, oriundo de Gualeguaychú. El terrible hecho fue perpetrado en la madrugada del 20 de agosto de 1976 y ordenado por otro militar paranaense: el coronel Manuel Morelli, muerto de un ataque al corazón en diciembre de 1979.
Fue la más sanguinaria masacre perpetrada por la más salvaje dictadura. Treinta personas, escogidas al azar de entre los calabozos del tercer piso de la Superintendencia de Seguridad Federal. Veinte hombres y diez mujeres. Caminan moribundos y envueltos en mantas, parecen drogados. Otros son llevados en brazos, en posición fetal, hacia el playón descubierto. Los apilan sobre la caja de un camión del Ejército y los conducen hasta un descampado en la localidad bonaerense de Fátima, a la altura del kilómetro 62 de ruta provincial 8, en el partido de Pilar. La brigada desciende a los prisioneros, les pegan un tiro en la nuca a cada uno con una pistola calibre 45 o una 9 milímetros, luego los acomodan debajo de una carga de trotyl y los dinamitan. A las 4.30 la explosión hizo temblar a toda la zona. Un grupo de obreros se topó con la escena. La explosión había provocado un hoyo de un metro de profundidad. La brutalidad obligó al propio Jorge Rafael Videla a repudiar la masacre. Cinco cadáveres fueron identificados desde el primer momento, los otros 25 cuerpos fueron inhumados como NN en fosas individuales del cementerio de Derqui.
La orden había partido de Manuel Alejandro Morelli, que desde hacía unas semanas estaba a cargo de la Superintendencia de Seguridad Federal, después que el 2 de julio de 1976 se produjo en el comedor del edificio de nueve pisos la explosión de una bomba que causó la muerte de 27 efectivos policiales. Morelli había montado en el lugar una dependencia de actividades ilegales y un centro clandestino de detención en el tercer piso, donde se habían dispuesto calabozos individuales en los que se aplicaban todo tipo de tormentos a los presos políticos.
Y sus segundos ejecutaron el plan. El comisario inspector Carlos Gallone, alias El Pavo o El Duque, era jefe de la Brigada de Superintendencia de Seguridad Federal e integró el Departamento de Sumarios de la misma a partir de mayo de 1976, hasta mediados del año 1977; Juan Carlos Lapuyole, alias El Francés, era director de Inteligencia de la misma estructura desde julio de 1976; y Miguel Ángel Timarchi, entre junio de 1976 y enero de 1977, se desempeñó en el Departamento de Sumarios de la Superintendencia de Seguridad Federal.
De las 30 personas fusiladas y dinamitadas al costado de la ruta, al día de hoy, sólo ha recuperado la identidad de 16. Prácticamente la mitad permanecen como NN. En los años posteriores a la masacre sólo cinco habían sido identificados: Inés Nocetti, Ramón Lorenzo Vélez, Ángel Osvaldo Leiva, Alberto Evaristo Comas y Conrado Alzogaray. Posteriormente, se recuperó la identidad de 11 víctimas más: Susana Elena Pedrini de Bronzel, José Daniel Bronzel, Selma Julia Ocampo, Haydee Rosa Cirullo de Carnaghi, Norma Susana Frontini, Jorge Daniel Argente, Carmen María Carnaghi, Horacio Osear García Gastelú, Juan Carlos Vera, Carlos Raúl Pargas y Ricardo José Raúl Herrera Carrizo. Pargas era entrerriano y tenía entonces 31 años. Había terminado sus estudios secundarios en el Colegio Nacional de Gualeguaychú, se fue a La Plata y luego a Capital Federal, donde pasó a cumplir funciones en el Banco de la Nación Argentina, sucursal Pellegrini. Allí fue detenido el 12 de julio de 1976. Un año después también fue desaparecida su hermana, Rosa María Pargas de Camps, en Lomas de Zamora. Sus restos fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), en una fosa común en el cementerio de Derqui, provincia de Buenos Aires.
El fiscal federal Félix Crous consideró que los tres policías imputados fueron activos partícipes de lo que denominó “horribles crímenes” que culminaron con una “masacre” y, como los abogados querellantes, solicitó al Tribunal Oral Federal 5 que los condene a la pena de reclusión perpetua como coautores de 30 privaciones ilegales de la libertad y otros tantos homicidios calificados.
El fiscal afirmó que Lapuyole actuó como el “jefe del aparato organizado de esa estructura criminal” que funcionó en Coordinación Federal durante la década de 1970, por lo que lo responsabilizó de ser el “autor mediato” de los asesinatos, mientras que a los otros dos policías los encuadró como “coautores”.
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