H. G.
(especial para ANALISIS)

En Argentina, el 6,1 por ciento de los hombres y el 11,8 por ciento de las mujeres sufren acoso laboral de parte de sus jefes por situaciones de ataques a la dignidad, integridad física, sexual, psicológica o social. En Entre Ríos no hay estadísticas pero se conocen casos en la propia administración pública que son ocultados por los funcionarios de alto rango y una ley que reprime este tipo de abuso de poder fue sancionada en 2006 y no ha sido reglamentada por el Poder Ejecutivo, según pudo determinar ANALISIS. En esa trama aparece también un funcionario del Consejo General de Educación que está seriamente comprometido por severas irregularidades en las liquidaciones de salarios familiares a empleados del organismo que simulan tener hijos con discapacidad sin la presentación de la respectiva documentación, lo que genera un desfalco millonario y que tendría relación con el incendio de un depósito de la Escuela Hogar en el que se guardaba importante documentación.

Era un día como cualquier otro, pero a fin de mes. El actual funcionario del Consejo General de Educación (CGE) Néstor Grifoni invadía una oficina determinada pateando la puerta de ingreso y golpeando fuertemente con el puño cerrado el escritorio principal. Inmediatamente después reprendía verbalmente a la directora del despacho, que por cuestiones administrativas había demorado un trámite cuya resolución era de suma urgencia.

Esa incontrolable ira culminó con la directa intervención del titular de ese organismo reprochando el proceder del entonces delegado ministerial que, por razones y cargo que tenga, no puede acosar de esa manera a ningún empleado. Como ocurre siempre, el acosador desmiente su violenta actitud y alega que fue malinterpretado, aunque en este caso todo el personal del cuarto piso y de la conducción del sistema educativo provincial haya escuchado las irascibles ofensas, amenazas y recriminaciones.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)